El juez federal Sebastián Ramos dictó el procesamiento y un embargo de 5 millones de pesos sobre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois, acusándolo de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. La medida judicial se enmarca en la investigación por la toma del Instituto Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio del año pasado. Grabois, quien también se desempeña como dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), suma de esta manera su primer procesamiento por este tipo de hechos, en un contexto donde mantiene abiertas otras causas judiciales.
Los detalles del fallo y los procesados
La resolución del magistrado también alcanza al militante Valentín Peralta, señalado como otro de los protagonistas de la ocupación de las instalaciones, la cual se produjo días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Según los argumentos expuestos por el juez Ramos, basados en testimonios, registros fotográficos y filmaciones, se encuentra acreditado que tanto Grabois como Peralta ingresaron sin autorización al Instituto de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas Juan Domingo Perón, un establecimiento perteneciente al Ministerio de Capital Humano que permanecía cerrado.
La denuncia penal que dio origen a la causa fue promovida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En su escrito, Ramos detalló que Peralta agredió físicamente al personal policial y se negó a retirarse. Por su parte, se le endilga a Grabois haber permanecido dentro del edificio durante al menos dos horas, incitando a la permanencia ilegal de los manifestantes y a las agresiones contra los efectivos policiales presentes.
Informes médicos y resistencia policial
El expediente judicial incorpora las historias clínicas remitidas por el Hospital Churruca respecto a las lesiones sufridas por el personal policial durante los incidentes. De acuerdo con estos documentos, el comisario De Cristóbal sufrió un traumatismo encéfalo-craneano con escoriación en la región parietal derecha; el comisario mayor Marcelo Claudio Galarza presentó traumatismos superficiales múltiples en el tórax; el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna registró una leve inflamación; y el comisario inspector Amado Rubén Martínez fue diagnosticado con un edema en el labio superior y una herida mucosa.
El juez Ramos relató que los oficiales superiores presentes en el lugar realizaron advertencias verbales para que desocuparan el predio público. Ante la falta de respuesta y los posteriores ataques, se procedió a la detención en flagrancia de Grabois, quien de acuerdo con la resolución judicial se encontraba incitando a agredir a los uniformados.
La estrategia de la defensa y la disputa por el teléfono
Desde la defensa del diputado de Unión por la Patria se argumentó que Grabois no formó parte de la toma violenta del edificio, sino que acudió al lugar estrictamente en su rol de abogado de la Cooperativa de Trabajo «Lo de Néstor», entidad que administraba el local comercial lindero denominado «Un Café con Perón». Previamente, la Cámara Federal porteña había respaldado la validez de la causa penal luego de que la defensa planteara la nulidad de las actuaciones por supuesta detención ilegal, solicitando además la devolución de su teléfono celular.
Actualmente, el expediente cuenta con un recurso de queja radicado en la Corte Suprema de Justicia, presentado el 5 de noviembre de 2025 por la representación de Grabois, con el objeto de impedir la apertura del dispositivo móvil secuestrado durante su arresto. Por su parte, el fiscal Carlos Rívolo pretende analizar exclusivamente las comunicaciones de las jornadas bajo investigación, resguardando aquellas conversaciones vinculadas a la actividad profesional de Grabois, la cual se encuentra protegida por el secreto profesional.
El rol de Capital Humano y el destino de la institución
Fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron que la defensa de Grabois ha interpuesto sucesivas apelaciones y nulidades para obstaculizar el avance de la investigación y la identificación del resto de los participantes de la irrupción. El ministerio informó que, al momento de disponerse la disolución del Instituto, el organismo contaba con una plantilla de 20 empleados y un presupuesto anual superior a los 400 millones de pesos, destinados de manera íntegra al pago de salarios y gastos operativos básicos, sin registrarse trabajos de investigación que justificaran su funcionamiento.
Las autoridades nacionales confirmaron que el patrimonio histórico y cultural del disuelto instituto se encuentra inventariado y en proceso de traslado hacia la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Asimismo, la ministra Sandra Pettovello proyecta transformar las instalaciones linderas a la Biblioteca Nacional en un centro de integración inclusivo, que constará de una biblioteca y un local de gastronomía atendido por jóvenes neurodiversos.
Declaraciones políticas y apoyos
Tras ser liberado de su detención en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en Villa Lugano, Grabois manifestó que considera un orgullo ser perseguido judicialmente por «defender el legado peronista y la identidad nacional». Atribuyó los hechos a lo que denominó un «odio gorila» de la actual administración nacional y denunció que las autoridades destruyeron obras de arte dentro del establecimiento y envolvieron estatuas de Juan Domingo Perón y Evita.
Durante la jornada en que se reclamaba su liberación, se constató el acompañamiento de referentes políticos cercanos a su espacio, entre los que se encontraban Natalia Zaracho e Itai Hagman, junto a militantes de agrupaciones afines al kirchnerismo.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
