El jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Adrián Ritondo, presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen obligatorio de inhibición, bloqueo y detección de señales de telefonía móvil en todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. La iniciativa contó con el acompañamiento de los diputados del bloque amarillo Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Emmanuel Bianchetti.
La propuesta tiene como objetivo central evitar que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde el interior de las unidades penitenciarias, complejos federales, alcaidías y colonias penales.
Inhibición de señales y plazos de instalación
El texto fija que el Estado nacional deberá completar la instalación de los sistemas de bloqueo, inhibición y detección de señales de telefonía celular y transmisión de datos en un plazo máximo de 180 días corridos a partir de la reglamentación de la ley. Para llevar a cabo este despliegue, se establece que tendrán prioridad las unidades de máxima seguridad y aquellas que cuenten con antecedentes de actividades delictivas organizadas mediante el uso de dispositivos móviles.
El Ministerio de Seguridad es designado como la autoridad de aplicación de la medida. En ese marco, deberá coordinar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) las tareas técnicas orientadas a garantizar que las interferencias no impacten en las comunicaciones fuera del perímetro de cada establecimiento carcelario. Asimismo, el proyecto aclara que la tecnología utilizada debe permitir el normal funcionamiento de las comunicaciones institucionales, las líneas de emergencia y los sistemas operativos empleados por el personal de seguridad.
Garantías de comunicación y sanciones al personal
Además de la inhibición de señal, la norma incorpora sistemas de detección activa para identificar aparatos en uso e impone la prohibición expresa de tenencia, posesión, ingreso o utilización de teléfonos móviles, tablets, notebooks y cualquier otro dispositivo con conectividad a redes de datos por parte de los internos.
En cuanto al régimen disciplinario, se prevén sanciones para el personal penitenciario o de seguridad que permita, encubra o facilite la entrada o uso de estos equipos, catalogando dicha conducta como falta grave, sin perjuicio de las actuaciones penales correspondientes.
Respecto de las garantías para los reclusos, la iniciativa estipula que el bloqueo no interrumpirá el contacto con familiares o allegados, el cual deberá llevarse a cabo mediante líneas telefónicas institucionales o dispositivos específicamente autorizados por el Servicio Penitenciario Federal. Del mismo modo, se resguarda el derecho de defensa en juicio al excluir de cualquier tipo de interferencia las comunicaciones mantenidas con los abogados defensores.
Derogación de protocolos y fundamentación del proyecto
Entre sus cláusulas transitorias, el proyecto dispone la derogación de los protocolos implementados durante la pandemia que permitieron el uso excepcional de celulares en penales federales. A su vez, impone a quienes mantengan aparatos habilitados bajo esa normativa previa la obligación de entregarlos dentro de las 24 horas de recibida la notificación.
En los fundamentos del texto, los firmantes señalan que diversas maniobras delictivas complejas —tales como extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, amenazas, acciones vinculadas al narcotráfico y la conducción de bandas criminales— continúan operándose desde los establecimientos penitenciarios mediante aparatos ingresados de manera ilegal. Para respaldar la propuesta, refieren también a normativas e iniciativas similares aplicadas en países como Reino Unido, El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia.
Por último, el proyecto encomienda al Ministerio de Seguridad la remisión de informes semestrales al Congreso de la Nación para detallar el estado de avance en la implementación, los secuestros de dispositivos realizados, los resultados alcanzados y posibles afecciones a terceros. A la vez, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a instrumentar medidas de igual tenor en sus respectivos ámbitos penitenciarios.
Foto: Parlamentario.
Legisladores en esta nota: Alejandro Finocchiaro, Emmanuel Bianchetti, Javier Sánchez Wrba, María Florencia De Sensi, Martín Yeza
