Plenario de comisiones en el Senado
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde respectivamente, analizaron los acuerdos suscriptos entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. Al finalizar el encuentro, se pusieron en circulación para la firma de los senadores los dictámenes correspondientes.
Detalles de los acuerdos y postura oficial
Durante la reunión plenaria se debatieron dos expedientes específicos. El primero es el Expediente PE-243/26, que comunica el «Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores del Ámbito Nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», celebrado el 3 de julio de 2026. El segundo es el Expediente PE-244/26, referido al «Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», suscripto en la misma fecha.
El senador Gonzalo Guzmán Coraita destacó la relevancia del debate e indicó que estos convenios representan «la cuarta etapa de un proceso de transición para hacer realidad el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus facultades de legislación y jurisdiccionales».
Por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, expuso el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal, Mariano Rivas, quien justificó los convenios señalando que es necesario avanzar en el traspaso, que la metodología aplicada es la correcta y que «la Ciudad cuenta con disponibilidad y capacidad para hacerse cargo de estas nuevas competencias». Asimismo, Martín Monedero, asesor de la misma subsecretaría, brindó detalles sobre las mejoras que el acuerdo implicará para el sistema de administración de justicia.
Cuestionamientos y advertencias del sector judicial
La iniciativa recibió críticas por parte de representantes de magistrados y trabajadores de la justicia. Ricardo Pinto, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cuestionó el traspaso de la Justicia de Menores argumentando que genera «incertidumbre e inestabilidad» al no definir funciones y disponer el cierre de juzgados. Advirtió que quitar la competencia de forma abrupta afecta la independencia de los magistrados y propuso como alternativa que los actuales juzgados nacionales de menores «obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico».
En representación de los trabajadores, Gonzalo Martínez Salum, secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, sostuvo que los acuerdos deben ser rechazados o suspenderse «hasta que se vea qué se va a hacer con los trabajadores». Por su parte, Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ratificó el rechazo de la entidad basándose en lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley 24.588.
Rocío Herrera, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, advirtió sobre consecuencias presupuestarias e institucionales, calificando el traspaso como «un ataque directo al federalismo argentino y frente a un vacío legal en cuanto a que la Ciudad no tiene las condiciones para hacerse cargo».
Posturas a favor desde el ámbito de la Ciudad
En contraste, Javier Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño, manifestó que la Justicia de la Ciudad «está en condiciones de asumir el presente convenio» y exhortó a la aprobación de ambos acuerdos. Del mismo modo, el abogado constitucionalista Daniel Reimundes aportó consideraciones favorables a la aprobación de las medidas.
Finalmente, expusieron Bárbara Moramarco Terrarossa, del Ministerio Público Fiscal de CABA, quien pidió cumplir con los convenios sobre infancias y juventudes, y Eloy Aguirre Rébora, subsecretario de Finanzas de CABA, quien abordó los aspectos presupuestarios del proceso de transferencia.
Fuente: Senado de la Nación.
