En una jornada marcada por negociaciones frenéticas y giros políticos inesperados, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, el oficialismo sufrió una derrota significativa durante la votación en particular al ser rechazado un capítulo central del texto, al tiempo que una alianza táctica con el kirchnerismo para designar auditores generó una fractura con sus principales aliados del PRO.
Media sanción al Presupuesto y derrota en el Capítulo XI
El proyecto de Presupuesto 2026 obtuvo la media sanción en general con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. El oficialismo contó con el respaldo del interbloque PRO-UCR y de diputados que responden a gobernadores peronistas aliados, como los de Catamarca, Salta, Tucumán, Misiones y San Juan. El texto proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un superávit primario del 1,5%.
No obstante, la victoria fue parcial. Durante la votación en particular, la oposición logró rechazar el Capítulo XI (por 124 votos contra 115). Este apartado era vital para el Poder Ejecutivo, ya que incluía el artículo 75, que pretendía derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
Además de estas derogaciones, el capítulo fallido contenía la cláusula para girar fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires —un reclamo central del PRO— y el financiamiento para el Poder Judicial. El rechazo dejó sin efecto estas maniobras, lo que generó malestar en las filas libertarias y versiones sobre un posible veto presidencial parcial.
Alianza con Unión por la Patria y «grieta» con los aliados
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó una moción para designar a los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). En una jugada sorpresiva, el oficialismo votó junto a Unión por la Patria (UP) para nombrar a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti.
Esta decisión provocó la indignación de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, quien calificó la medida de «anticonstitucional» por no formar parte del temario de sesiones extraordinarias. Ritondo acusó al oficialismo de «falta de códigos» y anunció que el PRO acudirá a la Justicia para impugnar las designaciones. El quiebre expone una crisis de confianza entre el Gobierno y su aliado parlamentario más cercano.
«Inocencia Fiscal» rumbo al Senado
En la misma sesión, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto de «Inocencia Fiscal», una iniciativa que busca incentivar la declaración de dólares no registrados (el llamado «dinero del colchón»). La ley fue aprobada con 130 votos a favor y 107 en contra.
La normativa introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario:
- Presunción de inocencia: El contribuyente deja de ser considerado «sospechoso por defecto».
- Nuevos umbrales: Se elevan significativamente los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito (de $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple).
- Extinción de acción penal: Permite cancelar deudas y evitar procesos penales por única vez.
- Régimen simplificado: Aquellos con patrimonios de hasta $10.000 millones podrán adherir a un sistema que no controla variaciones patrimoniales ni consumos.
Mientras el oficialismo defendió la ley como un «cambio de paradigma» para facilitar la inversión, bloques de izquierda y sectores de UP criticaron la medida, calificándola como una herramienta que podría favorecer el lavado de activos y la evasión relevante.
La jornada legislativa concluyó con un escenario político reconfigurado: un Gobierno que logra sus herramientas económicas base, pero con un margen de maniobra acotado y una relación severamente dañada con su principal socio político.
