El presidente de la Nación, Javier Milei, ha vetado por completo el proyecto de ley N° 27.756, aprobado el 22 de agosto, que proponía cambios al régimen de Movilidad Previsional y Seguridad Social.
Mediante el decreto 782/2024, publicado en el Boletín Oficial al inicio de este lunes, se expresa el veto total al proyecto de ley en el primer artículo y se ordena enviarlo de nuevo al Congreso en el segundo artículo. El Parlamento tiene la opción de aceptar el veto o insistir con el proyecto, como establece el artículo 83° de la Constitución nacional.
El proyecto se originó en Diputados, por lo que esta cámara deberá iniciar el proceso de rechazo del veto, algo que solo será posible si dos tercios de los diputados presentes están a favor. En caso de éxito, el proceso deberá repetirse en el Senado, donde previamente el proyecto fue aprobado con 61 votos a favor y 8 en contra.
El documento que oficializa el veto está firmado por el presidente, su jefe de gabinete, Guillermo Francos, y varios ministros. En él, se afirma que la ley aprobada por el Congreso violaría claramente el ordenamiento legal vigente al no considerar su impacto fiscal ni estableceridad fuentes de financiamiento.
Se argumenta que la medida supondría un gasto adicional significativo para el Estado Nacional, sin que se haya evaluado ni justificado financieramente. También se subraya que la gestión de recursos públicos debe llevarse a cabo con responsabilidad y adherirse a los principios de buena administración en toda acción gubernamental.
Por lo tanto, el veto alega que el proyecto pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos fiscales actuales y futuros del Gobierno debido al incremento no previsto en los gastos del Estado Nacional.
En resumen, el veto presidencial se basa en la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, favoreciendo el bien común y adecuándose a una gestión gubernamental eficiente.
