Las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, partidario de aplicar expropiaciones y nacionalizaciones en un eventual futuro gobierno peronista, profundizaron la discusión interna dentro del Partido Justicialista (PJ). La postura del mandatario provincial recibió el respaldo de sectores kirchneristas, pero despertó fuertes advertencias por parte de referentes del peronismo federal, quienes alertaron sobre los riesgos legales y macroeconómicos de avanzar contra los contratos establecidos por el Estado.
Las declaraciones de Ricardo Quintela y el aval kirchnerista
Durante una entrevista, el gobernador riojano envió un mensaje directo a los inversores que apuestan por la gestión del presidente Javier Milei: «Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar». Quintela criticó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional, calificando como «mentira» y «totalmente falso» el análisis de la Casa Rosada sobre la inflación, el consumo y el tipo de cambio.
Asimismo, el mandatario de La Rioja defendió la necesidad de construir una alternativa electoral y se mostró abierto a consensuar una lista de unidad partidaria que pueda «liderar y gobernar el país con una mirada de futuro».
La propuesta de Quintela encontró eco favorable en el kirchnerismo. La diputada nacional y exministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a la expresidenta y titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, respaldó públicamente la posición del riojano al afirmar en sus redes sociales: «Va a ser por ahí».
La advertencia del peronismo federal por la seguridad jurídica
Desde la vertiente no kirchnerista del partido, las declaraciones de Quintela generaron un rechazo inmediato. El diputado nacional por Entre Ríos y extitular de Aduana, Guillermo Michel, fijó una postura clara en favor del respeto a los contratos vigentes para evitar consecuencias perjudiciales para las arcas públicas.
«La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconómico», sostuvo Michel. El legislador entrerriano remarcó que el país también debe cumplir con las obligaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual debe analizarse tanto en el plano técnico como en el político.
El debate técnico sobre el RIGI y el precedente de 2001
Michel profundizó su análisis sobre el andamiaje legal diseñado por la administración de La Libertad Avanza, particularmente respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El diputado advirtió a quienes dentro del PJ proponen derogar esta herramienta que la ley otorga importantes beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de prórrogas de jurisdicción hacia tribunales internacionales como el CIADI.
«¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la Argentina en marañas interminables de reclamos judiciales como ocurrió en el pasado?», cuestionó Michel, marcando una clara diferencia entre el escenario actual y la salida de la crisis de 2001, cuando empresas privatizadas como AySA regresaron a la órbita estatal. El diputado concluyó que la realidad de hoy presenta múltiples contribuyentes con inversiones complejas, incluyendo firmas mixtas como YPF, por lo que exigió ser «muy sofisticados y cuidadosos» ante la continuidad de los actos del Estado.
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