El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la jurisdicción solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La medida se impulsa en la antesala del debate que el Senado llevará adelante sobre las modificaciones al régimen nacional de tierras rurales.
La propuesta busca modificar la Ley Provincial 263 para garantizar que la adjudicación de estas tierras fiscales esté estrictamente orientada a proyectos productivos, ganaderos o turísticos. Desde el Poder Ejecutivo neuquino explicaron que la intención es fortalecer el dominio sobre los recursos estratégicos y brindar seguridad jurídica sin necesidad de transferir la titularidad de las tierras a extranjeros.
«Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos», sentenció el gobernador al referirse al blindaje que busca imponer en su jurisdicción, con el fin de «defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica».
El antecedente de Vaca Muerta y el debate en el Congreso
Como ejemplo de este modelo de gestión de recursos, el gobierno de Neuquén citó el esquema aplicado en Vaca Muerta, donde la provincia conserva la titularidad de las tierras mientras otorga concesiones para la explotación de hidrocarburos. Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales que funcionan bajo este régimen de protección patrimonial.
La presentación provincial coincide con el debate en la Cámara Alta del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por la administración de Javier Milei, el cual busca flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros eliminando los límites vigentes. Ante este escenario, Figueroa solicitó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse en el Congreso la incorporación de un límite cuantificable para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.
A pesar de las tensiones, se informó que el proyecto nacional que llegará al recinto reconoció, tras su paso por comisiones, que cada provincia conserva la potestad de definir el régimen jurídico aplicable dentro de su propio territorio. En ese sentido, Neuquén busca utilizar dicha autonomía para garantizar que el desarrollo regional quede en manos locales.
La preocupación por el acceso a la tierra se ve respaldada por datos del Observatorio de Tierras —un equipo de investigación del Conicet y la UBA—, que reveló que el 54,17% de la superficie del departamento Lácar, donde se encuentra San Martín de los Andes, está actualmente bajo control de capitales extranjeros.
Regularización de tierras y fomento a la inversión
Más allá de la restricción a extranjeros, la política de tierras del gobierno neuquino busca acelerar los procesos de regularización para familias y pequeños productores. A través del programa Neuquén Habita, ya se han entregado escrituras a 1.500 familias, y se proyecta alcanzar las 3.500 durante el próximo año.
Complementariamente, la herramienta Invierta en Neuquén ofrece estabilidad fiscal por diez años y exenciones impositivas para fomentar inversiones productivas, habiendo captado ya el interés de unas 160 empresas.
Firme rechazo de la Iglesia al proyecto nacional
Por su parte, la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social de la región Patagonia-Comahue, manifestó un firme rechazo al proyecto de ley nacional que busca declarar la «inviolabilidad absoluta de la propiedad privada».
Los equipos pastorales sostuvieron que la iniciativa contradice los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y el concepto del «destino universal de los bienes», que establece que la tierra y sus frutos son para beneficio de todos los seres humanos sin exclusión.
Asimismo, reafirmaron que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que posee una función social y debe estar subordinada al bien común, advirtiendo que la tierra en la Patagonia no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva.
El pronunciamiento, que lleva la firma de las pastorales sociales de las diócesis de Neuquén, Viedma, Alto Valle, Río Gallegos, Rawson y Bariloche, expresó preocupación por la concentración de tierras y su adquisición con fines especulativos, tanto por parte de argentinos como de extranjeros. Los equipos señalaron que la explotación desmedida de recursos naturales como agua, minerales, gas y bosques contradice el llamado al «cuidado de la casa común», y exhortaron a las autoridades a promover políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
