La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una reunión informativa en la que representantes de diversas organizaciones expusieron sus cuestionamientos a la normativa contra el terrorismo y denunciaron situaciones de criminalización de la protesta social.
Reclamos por detenciones y prisión preventiva
Durante la jornada, los expositores reclamaron de forma puntual por los casos de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, quienes se encuentran privados de la libertad bajo prisión preventiva desde mediados de febrero, tras haber participado en una movilización frente al Congreso de la Nación.
En su intervención, Mirta Israel, de la Coordinadora por la Libertad de los presos por luchar, agradeció el espacio otorgado para la visibilización y denuncia. «Venimos a exponer la criminalización que estamos sufriendo en el campo popular», expresó Israel.
Por su parte, el abogado defensor de Milton Tolomeo, Rodolfo Zárate, detalló el desarrollo de la causa penal contra su defendido. Según explicó, el 11 de febrero se llevaba a cabo en el Congreso la discusión sobre la reforma laboral en el marco de una movilización masiva de la que Tolomeo formó parte en la plaza. «Cuatro días después, lo detienen en su lugar de trabajo y termina preso en una cárcel de máxima seguridad», relató el abogado.
Cuestionamientos al RePET y el alcance del poder punitivo
A su turno, Siro Soto, integrante de la Gremial de abogados, apuntó fuertemente contra la legislación antiterrorista vigente y expuso la situación de «mujeres mapuches a las cuales le han creado causas por usurpar su propio territorio». Soto advirtió que la inclusión de estas personas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) representa una «muerte civil».
Finalmente, Mariela del Valle Pérez Cisneros, en representación de la APDH, destacó la importancia de abrir el debate en el ámbito legislativo sobre las garantías constitucionales. «¿Cuáles son los límites que una democracia debe imponer al ejercicio del poder punitivo del Estado y las garantías que debemos preservar, especialmente cuando las personas afectadas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, como lo es estar privados de la libertad?», cuestionó.
