El Senado dio media sanción el jueves a la reforma de la Ley de Salud Mental (26.657) con 42 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo y modificado durante el trabajo en comisiones, pasa ahora a la Cámara de Diputados.
La senadora Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza, San Luis), presidenta de la Comisión de Salud, abrió el debate como miembro informante y resumió el sentido del dictamen en dos palabras: «llegar a tiempo». Según explicó, el texto que llegó al recinto es el resultado de un proceso amplio de escucha: por el plenario de comisiones pasaron más de 70 expositores y los ministros de Salud de las provincias hicieron sus aportes en el Consejo Federal de Salud (COFESA).
Video: Senado TV · Sesión pública · 29/10/2026.
Qué se votó
El Senado aprobó el dictamen de mayoría de las comisiones de Salud y de Legislación General (Orden del Día 409) sobre el proyecto del Poder Ejecutivo (mensaje 108/2026). La iniciativa modifica la Ley 26.657, sancionada en noviembre de 2010, y armoniza los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación con los nuevos criterios. También deroga los artículos 24, 25, 34, 42 y 43 de la ley vigente.
El Ejecutivo había enviado el proyecto en abril. El plenario de comisiones, que Arrascaeta condujo junto con la presidenta de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), sumó jornadas de exposiciones durante meses, y el 14 de octubre el oficialismo anunció un acuerdo con bloques aliados para firmar el dictamen.
Por qué había que actualizar la ley
Arrascaeta reconoció que la ley de 2010 «consagró derechos y garantías valiosas», pero sostuvo que en casi 16 años de vigencia resultó insuficiente para hacerlos efectivos y que el sistema necesita herramientas nuevas.
Para fundamentarlo citó el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, hecho en 2019 con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud: relevó 162 instituciones y 12.035 personas internadas, de las cuales el 37 % seguía internada por problemas sociales o por falta de red familiar. «La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser la respuesta a la falta de casas y de familias», dijo.
La senadora agregó que la aplicación de la ley fue muy despareja entre provincias, algo que reconoce el propio Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, y que la norma fue pensada para otro contexto: después de la pandemia, señaló, las internaciones en salud mental aumentaron un 70 %.
Las ventajas de la reforma, punto por punto
1. Intervenir antes de que sea tarde
Es el cambio central. Hoy la internación involuntaria exige un «riesgo cierto e inminente». La reforma la habilita ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, y obliga a evaluar la situación completa: los antecedentes de conductas o ideas de daño, la evolución previsible y las consecuencias de no internar. Sigue siendo un recurso excepcional, solo cuando no hay otro abordaje ambulatorio posible. En palabras de Arrascaeta, el nuevo criterio mira a la persona «en su conjunto» y no «una fotografía del momento».
2. Respuesta en las guardias y en el interior
Si en una guardia hay un solo médico y detecta un riesgo grave, puede disponer la internación; un equipo interdisciplinario debe revalidarla dentro de las 48 horas, con la posibilidad de consultar a un psiquiatra por teleconsulta. La senadora explicó que la medida está pensada para los hospitales y las localidades del interior donde no siempre hay un equipo completo.
3. Equipos completos, con psiquiatras y psicólogos
El equipo interdisciplinario se mantiene, pero uno de sus integrantes debe ser médico psiquiatra. Toda internación debe contar dentro de las 48 horas con la firma de dos profesionales del servicio: un médico, preferentemente psiquiatra, y un psicólogo. El psicólogo también puede intervenir en la evaluación del alta. Se habilita la teleconsulta sincrónica para los lugares sin psiquiatras.
4. Un resguardo antes del alta voluntaria
Quien está internado con su consentimiento puede pedir el alta en cualquier momento, pero antes el equipo deberá evaluar que su capacidad de juicio no esté alterada y que no siga en situación de riesgo. Si lo está, rigen las garantías de la internación involuntaria. Arrascaeta lo definió como uno de los cambios de mayor impacto práctico, pensado para las personas que abandonaban la internación en plena descompensación o en situación de consumo.
5. Más control, no menos
- Toda internación involuntaria debe notificarse al juez y al órgano de revisión dentro de las 24 horas.
- El órgano de revisión interviene de oficio en las internaciones voluntarias de más de 60 días y en las prolongadas, de más de 180 días.
- Cada internación tiene un plan de egreso desde el diagnóstico, incorporado a la historia clínica.
- Se crea un registro actualizado de todas las personas internadas por salud mental y consumos problemáticos, que reemplaza al censo bianual que la ley preveía y que se hizo una sola vez.
- El órgano de revisión deberá informar al Congreso, a pedido, sobre las metas presupuestarias de salud mental.
6. Las familias, dentro del tratamiento
La reforma incorpora la corresponsabilidad de las familias en el cuidado y les reconoce derechos propios: a recibir información sobre el trastorno y el tratamiento, a conocer la red de dispositivos de su zona y a ser escuchadas en cada etapa. Cuando no puedan cumplir, el Estado está obligado a brindar los apoyos.
7. Adicciones y chicos, con abordaje propio
Las adicciones pasan a ser parte integral de la política de salud mental, sin distinguir entre sustancias legales e ilegales. Para niñas, niños y adolescentes se crea un régimen específico de consumos problemáticos: equipos con formación, dispositivos separados de los adultos, derecho a ser escuchados, confidencialidad y trabajo con las familias. «El consumo por sí no es un delito, es un pedido de ayuda», dijo la senadora.
8. Hospitales especializados, sin manicomios
Las internaciones podrán hacerse en hospitales generales, en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones especializadas, públicas o privadas, que deberán sumar al menos dos dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria. Se mantiene la prohibición de crear manicomios y de toda práctica manicomial. Arrascaeta lo resumió así: «Especialización sí, encierro nunca».
9. Prevención y continuidad
La ley amplía su objeto a la prevención, la promoción, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria, con la obligación de actuar antes de una crisis, durante el tratamiento y después del alta, y pone el foco en el primer nivel de atención. Además, el término «padecimiento» se reemplaza por «afección o trastorno mental»; un diagnóstico no implica por sí solo presumir riesgo ni restringir la capacidad, y toda persona puede dejar directivas anticipadas sobre los tratamientos que acepta o rechaza.
Un dictamen construido escuchando a todos
Detrás de la media sanción hubo meses de trabajo en comisión. El plenario de Salud y Legislación General recibió a más de 70 expositores: representantes de instituciones y asociaciones civiles, familias, profesionales del derecho y de la psiquiatría. Pasaron, entre otros, el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Corral, y el presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, Marcelo Clingo, que llevaron miradas distintas e incluso críticas sobre el proyecto original. También expusieron familias que contaron lo que viven cuando no consiguen una respuesta a tiempo.
Arrascaeta, como presidenta de la Comisión de Salud, se propuso unir esas puntas: la de los médicos y los psicólogos, la de las familias, la de las organizaciones de la sociedad civil y la de las provincias. En el marco del Consejo Federal de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación presentó parte de los cambios y los ministros provinciales enviaron sus aportes al Senado. «Este proceso enriqueció el proyecto original», afirmó la senadora en el recinto.
Ese trabajo también fue reconocido en el recinto. El misionero Carlos Arce, médico, valoró que el dictamen llegó con modificaciones importantes respecto del proyecto que había enviado el Ejecutivo. Y desde la oposición, la catamarqueña Lucía Corpacci, crítica de la reforma, le reconoció a Arrascaeta el trabajo de haber hablado con todos los sectores para llegar a un acuerdo.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó otro efecto del consenso: la ley deja atrás la disputa entre psicólogos y psiquiatras, dos profesiones que, dijo, son igualmente necesarias para el tratamiento.
El trabajo del equipo
En su discurso, Arrascaeta agradeció a Nadia Márquez, a los vicepresidentes y a los integrantes de ambas comisiones, a los senadores que hicieron preguntas y propuestas, y a los equipos técnicos, especialistas, organizaciones y familias que expusieron: «Su participación está reflejada en el texto que hoy ponemos a consideración», dijo.
Ese trabajo técnico, menos visible, fue el que sostuvo el proceso. Los equipos de la Comisión de Salud y del despacho de la senadora acompañaron las jornadas del plenario y trabajaron en ordenar las exposiciones y los aportes que llegaron de las provincias para volcarlos en el dictamen que se votó.
Las objeciones
En el debate también hubo objeciones. Guillermo Andrada (Convicción Federal) sostuvo que la ley vigente no fracasó por sus principios sino por la falta de recursos, y pidió que el Congreso controle la ejecución. Carlos Arce reclamó una garantía de financiamiento territorial concertada en el COFESA. María Celeste Giménez Navarro (bloque Justicialista) calificó la reforma de regresiva y la vinculó con la situación económica, y Lucía Corpacci planteó que la solución es dotar de recursos a la ley actual y cuestionó el reemplazo de «padecimiento» por «trastorno mental».
Qué sigue
Con la media sanción, el proyecto queda en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. Arrascaeta cerró su exposición con la idea que atravesó todo el dictamen: que la reforma sirva para no dejar solas a las familias, para respaldar a los médicos, enfermeros y psicólogos, y para que cada persona pueda recuperar su vida «y para que no llegue nunca tarde».
Foto: Senado TV.
Legisladores en esta nota: Carlos Omar Arce, Guillermo Eduardo Andrada, Ivanna Marcela Arrascaeta, Lucía Benigna Corpacci, María Celeste Giménez Navarro, Nadia Judith Márquez, Patricia Bullrich
