A 25 años de la reforma constitucional que eliminó la Legislatura bicameral en Córdoba como parte de una reestructuración política, el funcionamiento del sistema unicameral volvió a ubicarse en el centro del escenario político. Mientras el oficialismo reivindica el actual esquema por considerarlo más chico, austero y representativo, desde la oposición se cuestiona la concentración de poder, el debilitamiento de los controles y la calidad de la deliberación, planteando la necesidad de discutir el retorno a una bicameralidad moderna.
La defensa del oficialismo: austeridad y eficiencia
Durante la sesión especial convocada por el aniversario de la reforma, la vicegobernadora Myrian Prunotto defendió los cambios introducidos hace un cuarto de siglo, calificándolos como «un antes y un después en la vida institucional de Córdoba». Prunotto reivindicó la reducción de la cantidad de parlamentarios de 133 a 70 como una medida orientada a construir un Estado «más austero y eficiente», destacando además la ampliación del período de sesiones ordinarias.
En sintonía con esta postura, la oficialista Julieta Rinaldi señaló que en 2001 la provincia dio respuesta a una fuerte demanda social contra los privilegios políticos. «Redujo su tamaño, sí; le sacó los privilegios, pero al mismo tiempo lo fortaleció», aseguró Rinaldi, quien argumentó que contar con 70 representantes en lugar de 176 hace que el cuerpo esté «más exigido» y permite «achicar los privilegios de la política y agrandar la representación».
Las críticas de la oposición al funcionamiento unicameral
Por el contrario, los bloques opositores expusieron un balance crítico sobre el desempeño de la Unicameral bajo las sucesivas gestiones del PJ. Walter Nostrala, integrante del Frente Cívico, advirtió sobre la falta de pesos y contrapesos y denunció la concentración de poder. Nostrala criticó la supremacía oficialista del período anterior —cuando contaban con 52 legisladores— y la incorporación de dos miembros opositores en la etapa actual para romper la paridad. «Esta Legislatura de Córdoba hoy se convirtió en una escribanía, esto no es bueno para el sistema democrático», sentenció.
Por su parte, la radical Alejandra Ferrero acusó al PJ de diseñar una estructura institucional orientada a «concentrar su hegemonía política». Ferrero sostuvo que las promesas de reducción del gasto, celeridad, eficiencia y representación no se cumplieron, señalando un retroceso debido al debilitamiento de los organismos de control y criticando que el Poder Ejecutivo no haya acompañado el achique de los costos políticos.
El vecinalista Gerardo Grosso también sumó sus cuestionamientos a la dinámica cotidiana de la cámara, señalando que la reforma de 2001 buscaba agilizar el debate legislativo y «no vaciarlo», por lo que instó a los cordobeses a replantearse la vuelta a un sistema de dos cámaras.
Propuestas para el retorno a la bicameralidad
En este contexto, surgieron iniciativas concretas para reformular el Poder Legislativo. Oscar Agost Carreño (PRO) propuso debatir una «bicameralidad moderna y austera» que mantenga el límite de los 70 representantes vigentes. Su proyecto plantea una estructura dividida en una Cámara de 44 legisladores elegidos por representación proporcional y otra territorial de 26 miembros, correspondiente a uno por cada departamento de la provincia. Según su propuesta, este esquema permitiría recuperar la deliberación y el control mutuo entre cámaras sin incrementar el presupuesto, los asesores ni la infraestructura existente.
En una línea similar se expresó el radical Carlos Briner, quien además de apoyar el regreso de las dos cámaras reclamó una reforma constitucional más amplia que incluya una regionalización geopolítica de la provincia. Briner sugirió revisar la división departamental para crear cinco nuevos departamentos —lo que sumaría cinco senadores manteniendo el mismo presupuesto— con el fin de optimizar la prestación de servicios y corregir las falencias de representación que afectan a las zonas del interior.
Finalmente, la radical Brenda Austin cuestionó el sistema de representación actual, señalando que el diseño vigente facilita que la fuerza oficialista obtenga mayorías absolutas con porcentajes de votación significativamente menores.
La réplica del oficialismo
Ante los cuestionamientos sobre el rol de las mayorías parlamentarias, el jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres, defendió la legitimidad democrática del cuerpo. «Una mayoría no deja de ser democrática porque ustedes no forman parte de la misma», replicó Torres, concluyendo que «la expresión más pura de la democracia es el voto popular y el voto popular es el que decide quién tiene mayoría y quién ostenta la minoría».
Foto: Perfil. Fuente original: Perfil.
Legisladores en esta nota: Oscar Agost Carreño
