La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión informativa para analizar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre el régimen para la prevención y sanción de delitos en espectáculos deportivos. Durante la misma jornada, los legisladores iniciaron el debate sobre distintas iniciativas vinculadas a la persecución del narcotráfico y las competencias judiciales frente al narcomenudeo.
Prevención del delito en el ámbito deportivo
En defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo, expuso German Pugnaloni, Director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. El funcionario definió el proyecto como una propuesta moderna destinada a compilar la normativa vigente, señalando que la actual Ley 23.184 data del año 1985 y resulta obsoleta tras más de 40 años de vigencia y sucesivas reformas.
«Nosotros consideramos que es necesaria la reforma y la definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el ámbito del deporte, ya que el derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social», argumentó Pugnaloni. Bajo esta premisa, el funcionario advirtió que las dinámicas delictivas avanzan y se modernizan, lo que exige un régimen capaz de dar respuesta a un accionar delictivo complejo y organizado.
Según detalló, la propuesta oficial contempla transformar conductas que actualmente se consideran contravenciones para que pasen a ser juzgadas como delitos. El Director Nacional fundamentó esta medida en el accionar de organizaciones criminales: «Grupos organizados y organizaciones criminales utilizan al fútbol como a una unidad más del negocio criminal, de esa manera creemos que debe ampliarse el concepto de vinculación de la actividad criminal con la actividad deportiva», explicó.
Injerencia federal y desfederalización del narcotráfico
En el segundo tramo de la reunión informativa, la comisión abrió el análisis de proyectos relacionados con la persecución del narcotráfico, exhibiendo dos posiciones contrapuestas sobre el abordaje judicial.
La diputada Agustina Propato (UxP) fundamentó su propuesta para modificar la ley de estupefacientes y devolver una mayor intervención a la justicia federal en las investigaciones. Al repasar los antecedentes de la normativa, recordó que en 2005 el Congreso debatió el traspaso de la competencia del narcomenudeo o microtráfico desde la órbita federal a las jurisdicciones provinciales, un proceso que sumó la adhesión de 12 provincias en más de 15 años.
Sin embargo, la diputada advirtió sobre las consecuencias de esta fragmentación: «Es importante ver cómo a partir de la provincialización aumenta la persecución penal de los casos del microtráfico o narcomenudeo e, inversamente proporcional, se achica o se reduce sensiblemente los casos que llegan a la jurisdicción federal». Según argumentó, la persecución provincial del consumo personal, la tenencia y la comercialización en menor cuantía termina obstruyendo las líneas de investigación necesarias para alcanzar el interés federal de las grandes organizaciones.
La postura a favor de ampliar las competencias provinciales
Por su parte, la diputada Gisela Scaglia (Provincias Unidas) expuso una visión opuesta al defender un proyecto que promueve ampliar la competencia de las provincias en materia de estupefacientes. Scaglia ejemplificó con la experiencia de su provincia, Santa Fe, afirmando que la adhesión a la ley de narcomenudeo generó resultados que «cambiaron abismalmente» y permitieron abordar de lleno el narcotráfico que tenía como epicentro la ciudad de Rosario.
«Vengo a plantear que nosotros tenemos que ampliar la desfederalización y hacer que las provincias puedan tener más competencias», sostuvo la legisladora de Provincias Unidas. En su argumentación, Scaglia consideró imprescindible dotar de más herramientas a los distritos que trabajan de manera activa en seguridad para evitar que las causas penales queden sin resolución debido a conflictos de competencia: «Hay muchos casos que terminan no resolviéndose o que no le estamos encontrando la salida, porque quedan en una especie de limbo, si le corresponde a lo federal o le corresponde al fuero provincial», concluyó.
