En el marco del ciclo ‘Políticas para cuidar la vida’, el Senado de la Nación fue sede del conversatorio ‘Personas mayores: cuidados dignos, derechos y autonomía’, un encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales a las 11 en el Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios. La jornada tuvo como objetivo promover la calidad de vida, el trato digno y la protección de los derechos de la vejez, analizando los modelos de atención centrados en la persona y el marco normativo actual.
La actividad fue organizada por la Dirección General de Cultura, con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. La apertura estuvo a cargo del director general de Cultura de la Cámara alta, Daniel Abate, quien agradeció a la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, por impulsar el ciclo de jornadas y por su compromiso con la dignidad humana. En sus palabras, Abate también destacó la participación y labor de Isolina Correa Monterrubio, Directora General de Relaciones Internacionales, y de Claudia Rucci, Directora general del Observatorio de Derechos Humanos.
Reflexiones sobre la autonomía y la protección
Durante su intervención, Daniel Abate enfatizó que la autonomía implica «poder elegir y decidir por uno mismo» y advirtió sobre el riesgo de restringir libertades bajo el pretexto del cuidado. «Cuidar no es hacer todo por el otro, es ayudarlo a que pueda seguir valiéndose por sí mismo, aunque tarde más, aunque necesite nuestra paciencia», afirmó. Asimismo, abogó por escuchar a las personas mayores, darles participación comunitaria y revalorizar sus saberes y vivencias cotidianas.
«Cuidar la vida no es solamente prolongarla, es permitir que se viva con dignidad, respeto y la mayor libertad posible. Para mí, eso es cultura», concluyó el funcionario al pedir una revisión profunda de los hábitos de atención para evitar tomar decisiones por el otro.
Transformación del paradigma de atención
El encuentro incluyó un panel presencial compuesto por Cecilia Leoz, psicóloga y formadora de la norma Libera-Care; Isabel Lovrincevich, abogada, especialista en Gestión de Servicios de Salud para Personas Mayores y presidente de Plataforma Mayor; Andrea Poc, licenciada en Terapia Ocupacional y especialista en Cuidados Paliativos; y Emilse Lobos, abogada y especialista en Derecho de la Vejez.
En su exposición, Cecilia Leoz instó a modificar el enfoque con el que se aborda la conducta de las personas asistidas: «En lugar de preguntarnos cómo hacemos para que no se levante, preguntarnos por qué quiere levantarse; en lugar de preguntarnos cómo controlamos una conducta, qué nos quiere comunicar». Remarcó que no es suficiente quitar una sujeción física o alterar un protocolo sin cambiar la concepción del acompañamiento. «No se trata de cuidar menos para permitir más, sino de aprender a cuidar de otra manera», aseveró, señalando que la transformación involucra capacitar equipos, incluir a las familias y contar con un marco jurídico institucional.
A su turno, Isabel Lovrincevich detalló las normas vigentes sobre los derechos de las personas mayores y exigió la adecuación legislativa para garantizar su cumplimiento efectivo. «Tenemos que cambiar el paradigma y cuidar con dignidad», manifestó, e impulsó la incorporación de agravantes penales para aquellos delitos cometidos contra personas mayores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o fragilidad.
Aportes internacionales y rechazo a las sujeciones
La jornada contó además con intervenciones virtuales desde España a cargo de Ana Urrutia, médica geriatra, creadora de la norma Libera-Care y presidente de la Fundación Cuidados Dignos, junto a Leire Cosgaya, responsable de Proyectos Sociales de la misma institución.
Urrutia cuestionó severamente la utilización de ataduras físicas y químicas en los cuidados geriátricos. «No hay calidad de vida detrás de una sujeción», sostuvo la profesional, argumentando que estos métodos no previenen caídas ni reducen desórdenes de conducta, sino que suelen incrementar la agitación y la debilidad corporal. Al catalogar la práctica de «tratamiento innecesario e injusto», concluyó que estas situaciones muchas veces derivan de la falta de capacidad profesional para interpretar las necesidades primarias del paciente, reafirmando la urgencia de avanzar hacia modelos respetuosos de la voluntad individual.
