El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para prohibir la iniciativa del Gobierno nacional orientada a captar divisas extranjeras mediante la venta de la ciudadanía argentina. La propuesta de la oposición busca frenar la medida oficializada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Argentina Week de París, la cual se planteó como un potencial aliciente para promover nuevas inversiones en el país.
La propuesta para frenar la medida
El proyecto presentado por el diputado Agustín Rossi tiene como finalidad evitar la reglamentación del esquema oficial, bajo el argumento de que «una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas». El legislador afirmó que «la ciudadanía no puede tener un precio» y detalló que con la ley se buscará dejar sin efecto tanto las solicitudes que actualmente están en trámite como aquellas que ya hayan sido otorgadas.
La iniciativa opositora propone la derogación de la causal de «inversión relevante» que fuera incorporada por el DNU 366/2025. Asimismo, el proyecto establece que ningún pago, aporte, donación, inversión o compra de títulos públicos podrá reemplazar la residencia necesaria para obtener la ciudadanía. Adicionalmente, plantea la disolución de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, prohíbe emitir títulos de deuda pública que otorguen beneficios migratorios o de ciudadanía, y evita que el Estado contrate intermediarios para comercializar las ciudadanías nacionales.
Detalles del programa oficial de ciudadanía por inversión
La medida impulsada por el Gobierno nacional, que permitiría solicitar la ciudadanía en el transcurso del cuarto trimestre de 2026, prevé dos mecanismos de acceso: realizar un aporte directo y no reembolsable de u$s350.000 al Tesoro Nacional, o bien suscribir un título público de u$s800.000 creado específicamente para este programa. Todos los fondos del trámite deben canalizarse obligatoriamente a través del sistema financiero formal.
Uno de los cambios principales del programa del Gobierno es que los beneficiarios no tendrán la obligación de cumplir previamente con los dos años de residencia en el país. El esquema también contempla solicitudes para los cónyuges e hijos del inversor principal, siempre que se acredite el vínculo correspondiente. Para los cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años que no tengan hijos, el aporte establecido es de u$s100.000 al Tesoro Nacional, mientras que para los menores de 18 años el monto previsto es de u$s25.000.
Según la información del Ejecutivo, el programa contaría con estándares de transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La evaluación de las solicitudes quedaría en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
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