El juez federal Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a dar efectivo cumplimiento, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Nº 27.795. La resolución judicial se emitió bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retraso.
Actualización salarial y becas estudiantiles
La medida cautelar dictada obliga al Gobierno a cumplir con dos aspectos centrales de la normativa: la actualización de los salarios de los docentes y no docentes universitarios, y la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. Desde el sector universitario se viene exigiendo una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial acumulada.
Este conflicto judicial cuenta con un recorrido previo. La medida cautelar fue dictada originalmente en diciembre de 2025, confirmada en segunda instancia y declarada firme el 25 de junio de este año, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso que había presentado el Estado Nacional. Durante el proceso, el Gobierno promovió recusaciones contra magistrados debido a su actividad docente universitaria y planteó el apartamiento de miembros de la propia Corte, planteos que fueron rechazados. En esta nueva instancia, el juez Cormick verificó que «no existe cumplimiento total de la cautelar» y otorgó el plazo de cinco días para su ejecución.
Reclamos desde el arco político
El secretario general de la UCR CABA, Juan Loupias, se refirió al fallo señalando que «una ley sancionada por el Congreso y vigente no puede quedar subordinada a la voluntad política del Poder Ejecutivo». En ese sentido, le exigió al presidente Javier Milei transferir los fondos correspondientes.
«Desfinanciar la universidad no es ahorrar: es hipotecar el futuro», afirmó Loupias, quien advirtió sobre el impacto de la falta de presupuesto en el sistema educativo nacional. «Cada docente que abandona un aula porque su salario no alcanza, cada investigador que decide continuar su carrera fuera del país y cada estudiante que debe dejar sus estudios porque no puede sostenerlos representan una pérdida para la Argentina», concluyó el dirigente, reclamando al Poder Ejecutivo que actúe bajo los límites de la Constitución y las leyes.
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