La Legislatura permanece inmersa en un intenso cruce de acusaciones y disputas políticas entre el bloque del PJ y la bancada de la UCR, un escenario que amenaza con extender la parálisis de la actividad en el recinto. El eje del conflicto se profundizó tras la decisión judicial de dictar prisión preventiva a Omar Ludueña, empleado legislativo asignado al despacho de la legisladora Alejandra Ferrero, en el marco de una causa por supuesto abuso sexual.
Frente a esta situación, desde el oficialismo peronista sostienen que el caso es grave y reclaman que Ferrero se aparte temporalmente de su banca hasta tanto se aclaren los hechos en la Justicia. Una de las voces más firmes dentro del PJ es la de Leonardo Limia, quien exigió que el radicalismo aplique el mismo criterio que demandó en su momento ante el escándalo que involucró al exlegislador Ramón “Cañito” Flores por antecedentes penales graves de sus asesores. El oficialismo acusa a la bancada opositora de manejar una «doble vara».
Cierre de filas opositor y designación de autoridades
Por su parte, la UCR rechazó los pedidos de licencia y los interpretó como una maniobra del oficialismo para condicionar e intervenir en la conducción del bloque opositor. En un encuentro concretado en la Casa Radical, Rodrigo de Loredo junto a los 18 legisladores de la bancada respaldaron a Ferrero y la ungieron como la nueva presidenta del bloque, decisión que contó con el apoyo de 35 voluntades del arco opositor.
La medida generó un fuerte malestar en el peronismo. Desde las filas radicales argumentan que existe una persecución política contra la legisladora con la intención de forzar concesiones que el PJ no obtuvo en las urnas.
Cruce de acusaciones y tensión institucional
La confrontación también escaló en redes sociales. Matías Gvozdenovich, quien dejó la jefatura de la bancada radical para asumir responsabilidades partidarias, cuestionó al peronismo y al gobernador Martín Llaryora, al afirmar que «para Llaryora el Parlamento es mala palabra». Asimismo, responsabilizó a Facundo Torres Lima y Juan Manuel Llamosas por paralizar la actividad del recinto.
La respuesta desde el oficialismo no tardó en llegar. El jefe parlamentario del PJ cruzó a Gvozdenovich señalando que fue desplazado de su cargo y lo acusó de generar polémicas para ocultar responsabilidades. Por su parte, el radical Miguel Nicolás exigió explicaciones sobre los motivos para no sesionar y enumeró diversas controversias e investigaciones judiciales que involucran a la excúpula policial y a funcionarios provinciales, además de mencionar el caso de Río Seco y criticar el accionar de la Fiscalía Anticorrupción. Nicolás propuso, además, descontar el 12% de la dieta a los integrantes del bloque oficialista que no dieron quórum.
En medio de este clima, la tensión sumó planteos más severos: Gregorio Hernández Maqueda evaluó la posibilidad de una eventual intervención federal, una alternativa que fue catalogada por fuentes radicales como un escenario «no descabellado» ante un posible bloqueo institucional, aunque por el momento no se tradujo en una acción formal.
Pliegos acumulados y posibles salidas al conflicto
La parálisis legislativa se refleja en el calendario: la última sesión desarrollada de forma completa fue el 22 de septiembre, la cual culminó con el retiro del PJ. Posteriormente, la reunión convocada para el 7 de octubre se interrumpió a los tres minutos sin abordar el temario. Desde entonces, se acumulan en la Cámara numerosos pliegos, proyectos de ley y pedidos de informes.
Aunque existen contactos reservados entre las partes e interviene la vicegobernadora, no hay certezas de que el recinto retome el trabajo en el corto plazo. Entre las fechas probables se baraja el 28 de octubre, lo que implicaría más de un mes de inactividad, e incluso se especula con que no se vuelva a sesionar hasta el debate del Presupuesto 2027.
Una de las pocas vías de consenso técnico aparece vinculada al proyecto del Ejecutivo para unificar el marco normativo de fomento industrial. La iniciativa, presentada en comisión por el ministro Fernando Sibilla y conducida por Verónica Navarro Alegre, tuvo una recepción favorable entre las bancadas opositoras. Al respecto, Oscar Agost Carreño expresó sus expectativas de que dicho proyecto se transforme en la «llave» para destrabar el funcionamiento institucional y permitir que la Cámara vuelva a sesionar.
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