La disputa por el servicio de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires ingresó en una etapa de alta tensión. El sindicato liderado por Pablo Moyano inició acciones de protesta directa en las calles para defender un mecanismo de indemnizaciones por finalización de contratos que ronda los 200 millones de dólares. El objetivo de las manifestaciones es presionar a la gestión de Jorge Macri para asegurar que el Ejecutivo porteño mantenga el pago de estas compensaciones en las futuras concesiones previstas para el período 2028-2038, un esquema de financiamiento público que el gobierno local ya anticipó que pretende eliminar.
Tensión en la Comuna 1 y rechazo oficial
La movilización gremial se concentró en la Comuna 1, ubicada en el barrio de San Telmo, donde se desarrollaba una audiencia pública virtual para definir las condiciones de los futuros pliegos de licitación. Durante la jornada, se registraron incidentes y empujones entre los propios manifestantes en la vía pública. En ese marco, el secretario Gremial del sindicato, Marcelo Aparicio, presentó de manera formal un petitorio ante la mesa de entradas.
La controversia radica en que la administración de la Ciudad ya adoptó la postura política de quitar dicho resarcimiento económico de las bases de los nuevos pliegos contractuales de recolección.
El esquema de los «despidos ficticios»
El conflicto gira en torno a un mecanismo financiero establecido en el pliego vigente, el cual fue prorrogado hasta el año 2028. Este acuerdo compromete al Gobierno de la Ciudad a proveer los fondos a las empresas contratistas para que indemnicen al personal al concluir la concesión. Sin embargo, la Ley 4120 de la propia Ciudad de Buenos Aires dictamina que la totalidad de los empleados debe conservar sus puestos de trabajo.
Esto genera un sistema en el que los contribuyentes financian indemnizaciones completas por supuestos despidos, mientras que los operarios continúan desempeñando sus tareas habituales al día siguiente, bajo las mismas condiciones y sin perder la antigüedad acumulada. Este procedimiento, conocido informalmente como la «Ley Moyano», se aplica desde el año 1998 e impone que, ante cualquier cambio de firma, razón social o renovación de concesión, los trabajadores deben ser cesados, indemnizados y recontratados de inmediato.
Antecedentes del reclamo e interna sindical
Este sistema de pagos especiales ha sido utilizado previamente por el sindicato en negociaciones con administraciones municipales como las de Avellaneda y Moreno, así como en operaciones de empresas privadas entre las que se encuentran Quilmes, DHL, FedEx y la adquisición de Walmart por parte del Grupo Narváez. Asimismo, en el año 2022, la estatización del servicio de grúas durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta demandó un desembolso de 2.000 millones de pesos destinados a las liquidaciones de los trabajadores del sector.
A pesar de la insistencia del gremio, el mecanismo comenzó a experimentar resistencia. En mayo pasado, un intento de presión por parte de Pablo Moyano para asegurar los pagos hacia octubre no prosperó debido a que el Ejecutivo porteño ratificó la vigencia de la prórroga de los contratos actuales hasta septiembre de 2028. Esta falta de vencimiento inmediato dejó al sindicato sin herramientas de negociación a corto plazo, lo que generó cuestionamientos y asambleas conflictivas en las plantas de la empresa Cliba. Ante el descontento de las bases, Marcelo Aparicio debió aclarar públicamente que el beneficio demandado no está contemplado en el marco legal vigente, describiéndolo como un logro histórico obtenido por la organización sindical.
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