En el marco del debate sobre el Proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Itai Hagman (UxP), llevó adelante una reunión informativa con la participación de representantes de asociaciones civiles y organizaciones sociales, quienes expusieron sus perspectivas y cuestionamientos sobre la situación de los desalojos.
Críticas al impacto social del proyecto
Al comienzo del encuentro, Leonel Bazán, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó el contexto en el cual se discute la iniciativa. Bazán señaló que la propuesta «no tiene en cuenta estándares mundiales de derechos humanos, ni las recomendaciones que le hace al Estado argentino el Comité de Derechos Sociales sobre esta materia, y jurisprudencia reciente de la Corte». Asimismo, advirtió que la norma «establece una misma modalidad de desalojo para distintos colectivos afectados» y alertó que, de aprobarse, «va a generar más vulneración de derechos, agravando la situación de conflictividad social».
En sintonía con este planteo, Sebastián Artola, integrante de Inquilinos Agrupados (Rosario), expresó la preocupación de su sector ante el posible avance del proyecto debido al «impacto que va a tener en las familias, profundizando una situación crítica que se vive en los grandes centros urbanos». A su turno, Karina Chiappa, vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos, apuntó contra la iniciativa legislativa al considerar que «vulnera nuestros derechos» y cuestionó que «equipara los inquilinos con la figura de la usurpación».
Déficit habitacional y regularización dominial
Durante la jornada, el abogado especialista en desalojos Juan Francisco Venturino remarcó que esta problemática es «un problema multidimensional» y puntualizó que la Argentina atraviesa «un problema muy serio que es el déficit habitacional».
Por su parte, Franco Carballo, integrante de la Asociación de Derecho Urbano Argentina (ADUA), consideró el debate sobre el Proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada como «una oportunidad única» para discutir la Ley de Regularización Dominial. «Necesitamos modernizarla, hay muchas propiedades con posesión, necesitamos que se perfeccionen con un título», argumentó.
En la misma línea, la abogada Selene Posteraro Sánchez advirtió que la propuesta en tratamiento «deja indefensos a poseedores de viviendas urbanas y familias agricultoras». Detalló que el proyecto busca modificar el artículo 1° de la Ley 24.374, exigiendo una posesión de diez años en lugar de los tres años contemplados originalmente. Posteraro Sánchez concluyó que, si bien se trata de una norma del siglo pasado, «el espíritu de la norma es el fin social para garantizar el derecho a la vivienda a quienes compraron de buena fe».
Diversas organizaciones expusieron sus posturas
La reunión informativa contó además con las exposiciones de Agustina D’Amore (Fundación para el Desarrollo Humano Integral), Eva Reinoso (colectivo “Yo No Fui”), Natalia Correa (Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone), y las vecinas del Barrio Saldías Barrio 31 María Cita Aspiazu y Vanesa Valdés. También aportaron sus miradas María Lucila “Pimpi” Colombo (Sindicato Amas de Casa – SACRA) y Héctor Ariel D’Orazio (subdirector general de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario), junto a representantes de las agrupaciones Endeudados Organizados e Inquilinos Agrupados de diferentes provincias.
Legisladores en esta nota: Itai Hagman
