En medio de un anticipado clima electoral, distintos bloques de la oposición en el Congreso comenzaron a organizarse con el fin de extender la vigencia de la emergencia en discapacidad por un año adicional. Actualmente, la Ley 27.793 declara esta emergencia hasta diciembre de 2026, pero contempla en su articulado la posibilidad de prorrogarla por un período extra.
El proyecto y el arco de respaldos opositores
La iniciativa legislativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria, con las firmas encabezadas por Juan Marino y el jefe de la bancada, Germán Martínez. El texto también sumó el acompañamiento de legisladores de diversos espacios políticos, incluidos algunos que han actuado como aliados ocasionales del oficialismo. Entre los firmantes se encuentran la jefa de bloque de Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; representantes de la Izquierda; y legisladores de Misiones y Salta del bloque Innovación Federal. Asimismo, suscribieron el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández, quienes integran monobloques.
Si bien este abanico de apoyos garantizaría el número necesario para su aprobación en el recinto, el principal escollo radica en la obtención del dictamen de comisión. El oficialismo de La Libertad Avanza, que preside las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto a las que fue girado el proyecto, mantiene una política de no convocar a debatir los temas que no son de su interés.
Estrategia reglamentaria y el camino del emplazamiento
Frente a la falta de convocatoria, los integrantes de la comisión de Discapacidad que apoyan el proyecto (Juan Marino, la jujeña María Inés Zigarán, el salteño Bernardo Biella y Nicolás Del Caño) presentarán una nota formal para exigir a su presidente, Gerardo Huessen, la apertura del espacio de debate. Esta solicitud se ampara en el artículo 109 del reglamento interno de la Cámara, el cual establece que, con el pedido de al menos tres diputados de una comisión, se deben incorporar al temario los asuntos entrados señalados.
Ante la sospecha de que la presidencia de la comisión desoiga el pedido, la oposición prevé recurrir a la vía del emplazamiento. Para ello, requerirán convocar a una sesión especial y votar la medida por mayoría simple. La celeridad de esta estrategia estará ligada al clima político de la Cámara, que tendrá su primer termómetro en la sesión convocada por el oficialismo para debatir un conjunto de proyectos.
Los fundamentos y reclamos del sector
De acuerdo con los autores del proyecto, la extensión de la emergencia por un año es necesaria debido a que la implementación de la Ley 27.793 fue tardía y limitada. Argumentan que este retraso se debió al veto de Javier Milei, a la posterior insistencia del Congreso, a diversas trabas de carácter administrativo para evitar su aplicación y a fallos de la Justicia. En ese marco, sostienen que persisten las problemáticas del sistema de discapacidad y que el Estado posee obligaciones constitucionales e internacionales de resguardo.
La norma vigente contempla la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo de jubilación, y establece una compensación de emergencia para los prestadores destinada a paliar el desfasaje inflacionario acumulado entre 2023 y 2024, además de disponer pautas de actualización.
En sintonía con la iniciativa, desde el Foro de Discapacidad reiteraron la necesidad de la prórroga, advirtiendo que los aranceles están muy devaluados, que no se ha concretado el estudio de costos que manda la ley, que las pensiones siguen sin otorgarse y que las compensaciones de emergencia continúan impagas.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
