La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso «$LIBRA» presentó este martes su informe final, concluyendo que el presidente Javier Milei habría incurrido en la causal de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». El documento, impulsado por bloques opositores, sostiene que el mandatario comprometió su investidura al promover activamente un esquema de criptomonedas que resultó ser una presunta estafa.
Conclusiones del dictamen
Tras tres meses de investigación, el dictamen de mayoría —firmado por legisladores de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Encuentro Federal— determina que existió una «colaboración imprescindible» por parte del Jefe de Estado para la consumación de la maniobra financiera.
El informe, que supera las 200 páginas, detalla que la promoción del activo digital desde cuentas oficiales desdibujó los límites entre la esfera pública y los intereses privados. Según los legisladores, esta conducta podría constituir una violación a la Ley de Ética Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
«La investidura presidencial fue utilizada en beneficio de intereses privados, facilitando una operación que perjudicó a miles de ahorristas,» reza uno de los apartados clave del texto presentado en el Anexo de la Cámara baja.
Responsabilidades políticas y judiciales
El documento no se limita a la figura presidencial. También apunta contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, señalándola como responsable política de la maniobra al haber facilitado, presuntamente, el acceso de los actores involucrados a la Casa Rosada sin los registros oficiales correspondientes.
Asimismo, la Comisión resolvió avanzar con denuncias penales y pedidos de juicio político contra funcionarios del Poder Judicial. Se acusa al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano de obstrucción sistemática a la investigación parlamentaria y de «negativa a colaborar» con el esclarecimiento de los hechos.
Escenario legislativo
Si bien el informe recomienda que el Congreso evalúe la conducta del Presidente bajo la figura de «mal desempeño» —paso previo constitucional para un eventual juicio político—, el escenario parlamentario es complejo. La oposición reconoce que, dada la actual composición de las cámaras y el tercio que el oficialismo logra blindar, es improbable que un proceso de destitución prospere en el corto plazo.
Desde el oficialismo, voceros de La Libertad Avanza han desestimado el informe categóricamente, calificándolo de «delirio» y argumentando que carece de sustento jurídico real, atribuyéndolo a una maniobra de desgaste político por parte de la oposición.
