El Senado de la Nación llevó a cabo una sesión ordinaria presidida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, quien reemplazó a la vicepresidente de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei. Durante la jornada, la Cámara alta sancionó el nuevo régimen de Zonas Frías para los subsidios de gas y aprobó, con modificaciones en su articulado, el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual deberá regresar a la Cámara de Diputados.
Modificaciones y debate por la Carta Orgánica del BCRA
El proyecto que modifica la Ley 24.144, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central, obtuvo 46 votos positivos y 22 negativos en su votación en general. La iniciativa circunscribe la misión primaria de la entidad a preservar el valor de la moneda, al tiempo que reforma sus facultades regulatorias sobre los sistemas de pago, el crédito y otras actividades financieras y cambiarias. Asimismo, establece la prohibición de adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para cubrir servicios de la deuda pública por cuenta del Gobierno nacional. El texto también introduce cambios en el régimen de reservas, el tratamiento de los activos externos, el régimen de utilidades y pérdidas, y las transferencias de utilidades al Tesoro.
Como miembro informante de la propuesta, el senador Agustín Monteverde (LLA) ponderó los consensos logrados entre las distintas bancadas respecto al mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la institución. Según detalló, el presidente, vicepresidente y directores de la entidad monetaria serán designados por acuerdo del Senado mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, y los directores contarán con un mandato de seis años. A su vez, para la remoción de dichas autoridades por parte del Poder Ejecutivo, se requerirá también la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta, modificando la propuesta original del Ejecutivo que exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
En su discurso, Monteverde cuestionó las políticas de financiamiento aplicadas en las últimas décadas, señalando un «deterioro institucional» entre 2003 y 2023, y advirtió que la pérdida de reservas líquidas actualizadas ascendió a 116.000 millones de dólares. Además, criticó la utilización de letras intransferibles, adelantos transitorios y utilidades vinculadas a la devaluación.
Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) consideró que el proyecto es «insuficiente e incongruente» porque no aborda de manera estructural e integral las modificaciones que se necesitan en materia fiscal, monetaria, cambiaria e institucional. Por su parte, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) adelantó el acompañamiento en general pero aclaró que su bloque no otorgará «un cheque en blanco» y que daría una discusión diferenciada en el debate en particular.
Al momento de los cierres de bloque, el senador Martín Goerling Lara (PRO) manifestó su apoyo destacando el fin del Banco Central como «cajero automático del Estado», la eliminación de las ganancias ficticias y la consagración de la independencia de la entidad. En sintonía, el senador Eduardo Vischi (UCR) criticó el uso histórico de la entidad monetaria como «fotocopiadora» o «caja de ahorro de los gobiernos de turno». En contraposición, el senador José Mayans (Justicialista) rechazó de plano la reforma sosteniendo que las reservas netas actuales son negativas y que el proyecto busca que se extraiga dinero sin límites de los ahorros de la gente, acompañando únicamente las modificaciones en la designación y mandato de autoridades. En el cierre de la bancada oficialista, la senadora Patricia Bullrich (LLA) afirmó que el proyecto busca desarmar el diseño implementado en 2012 para devolverle al BCRA su misión primaria de preservar la moneda.
Sanción definitiva al nuevo régimen de Zonas Frías
Por otra parte, el Senado convirtió en ley el proyecto de readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, la regularización de deudas eléctricas y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013, con una votación que resultó en 38 votos afirmativos y 8 negativos. El nuevo marco establece que el Fondo de Zonas Frías financiará una bonificación sobre el precio del gas natural y propano por redes, e incorpora una bonificación adicional para determinados usuarios del Régimen de Subsidios Focalizados según su ubicación y situación socioeconómica. Aunque mantiene los beneficios para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, se elimina el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos y se delega en el Poder Ejecutivo la definición del alcance y las modalidades del beneficio.
La senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños), como miembro informante, fundamentó que la iniciativa busca dotar de mayor transparencia y orden al sistema energético nacional. Detalló que el esquema diferencia la zona fría original de la zona ampliada; para esta última, se deja de aplicar un criterio meramente geográfico y se incorpora un criterio socioeconómico familiar y de consumo razonable. Royón consideró que el régimen anterior era «regresivo» porque obligaba a personas vulnerables de otras regiones del país a financiar de forma indirecta a usuarios de la zona ampliada que cuentan con capacidad de pago.
Durante el debate, se registraron posturas disidentes. José Carambia (Movere Santa Cruz) se opuso al sostener que en su provincia no se puede tolerar ningún incremento de tarifas y que la norma no contempla que el costo de vida en la Patagonia es superior al de la zona centro del país. En tanto, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) defendió la revisión de los subsidios señalando que la ampliación dispuesta en 2021 desvirtuó el régimen y que es necesario recuperar un criterio de focalización para no comprometer la eficiencia del sistema.
Finalmente, en materia eléctrica, la nueva ley fija un mecanismo para compensar diferencias de ingresos de distribuidoras y transportistas debido a emergencias tarifarias, aplicando compensaciones sobre deudas con CAMMESA en el caso de las distribuidoras. A su vez, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de tributos específicos, cánones o regalías para el acceso y uso de fuentes de energía renovables, y dispone que el traslado a tarifas del costo de adquisición del gas natural se realice de forma automática si surge de procesos competitivos regulados por el Poder Ejecutivo.
Fuente: Senado de la Nación.
