La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la diputada Carolina del Valle Basualdo (Provincias Unidas), reunió a diversos especialistas y autoridades con el propósito de debatir el proyecto de ley que promueve la creación de un «Régimen de Áreas Metropolitanas».
Un proceso federal y participativo
En el inicio de la jornada, Claudio Augugliaro, presidente de Ciudad Metropolitana, destacó el esfuerzo de articulación de distintas organizaciones para construir una legislación participativa. «Estuvimos un año junto a muchas organizaciones de la sociedad civil desarrollando un proceso federal y participativo para recoger los antecedentes de la institucionalidad metropolitana en Argentina», manifestó.
Definición, registro e incentivos nacionales
Por su parte, Gabriel Fernández Arjona, integrante de Ciudad Metropolitana, detalló los aspectos centrales de la iniciativa. Explicó que «la ley propone una definición de área metropolitana que, a nivel país, no existe» y contempla la creación de «un registro, para poder sistematizarlas y producir datos con carácter metropolitano». Asimismo, remarcó que el proyecto «propone un modelo de incentivos desde el Estado nacional, pero el manejo de los territorios queda a criterio de los municipios».
Respeto al federalismo y financiamiento
A su turno, Daniel Cravacuore, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel), valoró positivamente el espíritu de la propuesta porque «resguarda la autonomía provincial y municipal» y «premia la cooperación asociativa en el nivel metropolitano».
Además, Cravacuore señaló que la propuesta «reconoce el problema metropolitano, respeta el federalismo, distingue el territorio metropolitano de la institucionalidad metropolitana, y preserva la legitimidad institucional». En cuanto al aspecto económico, concluyó: «El estímulo es el financiamiento en dos sentidos: recursos para estimular la creación de capacidades y para inversiones metropolitanas».
Enfoque funcional y continuidad de las políticas públicas
Desde un punto de vista técnico, María Victoria Boix, investigadora de Cippec, sugirió que «un área metropolitana debiera definirse con un enfoque amplio y funcional, no solamente físico y poblacional que impida captar la complejidad del ecosistema urbano». En ese marco, agregó que «es necesario tener un marco normativo habilitante».
Por último, Graciela Marty, coordinadora provincial de UNICIPIO (Integración metropolitana del Gran Mendoza), coincidió en la necesidad de consolidar una base legal. Aseguró que «es indispensable tener legislación que apoye los esfuerzos que hacen las provincias, que estos proyectos no sean excepcionales, sino que se conviertan políticas públicas».
