Luego de una prohibición que se extendió por más de 28 años, la venta del polémico videojuego Carmageddon volvió a ser permitida en la Ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió luego de que la Legislatura porteña sancionara su propia Ley de Hojarasca, una norma que busca derogar regulaciones obsoletas, innecesarias o en desuso, en sintonía con el proyecto de igual nombre que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación en mayo.
La prohibición original sobre el título de carreras y destrucción databa de 1998, cuando los legisladores locales dictaminaron que el juego incitaba a la violencia y violaba las normas de tránsito. Desarrollado por Stainless Games y publicado por THQ Nordic, Carmageddon se lanzó en junio de 1997, una época en la que la comercialización de software se realizaba mediante cajas físicas con manuales y CD-ROMs.
La polémica premisa que alarmó a los legisladores en 1998
A diferencia de los juegos de carreras convencionales, la jugabilidad de Carmageddon permitía ganar destruyendo los vehículos rivales o atropellando peatones para sumar puntos y ganar tiempo de juego. Determinados grupos de peatones, como mujeres embarazadas o niños, otorgaban puntajes superiores, lo que desató un fuerte rechazo internacional. El título llegó a ser censurado en el Reino Unido y prohibido en Brasil.
En el plano local, la controversia se instaló en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una solicitud de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT). El 26 de marzo de 1998 se debatieron de forma conjunta tres proyectos de ley destinados a prohibir el software. Una de las iniciativas pertenecía a los legisladores del PJ, Juliana Marino y César Torres, quienes respaldaban las acciones de FAVAT contra videojuegos orientados a la destrucción de personas. Los otros dos proyectos pertenecían a la UCR, impulsados por el diputado Silverio Fernández Gaido por un lado, y por Roberto Clienti y Jorge Casabé por el otro.
Los debates y discursos en el recinto porteño
Según los registros taquigráficos de aquella sesión de 1998, el debate abundó en fuertes críticas. El secretario parlamentario Miguel O. Grillo leyó un texto en el que caracterizó al juego bajo la consigna de «conducir para matar», calificándolo de antagónico al respeto a la vida. En su lectura, cuestionó duramente la mecánica de otorgar puntajes adicionales por atropellar embarazadas, señalando que se trataba de un «razonamiento enfermizo e insano».
Por su parte, el legislador radical Silverio Fernández Gaido relató que sus asesores debieron traducir el juego debido a que venía en inglés, e hizo hincapié en la repulsión que causaba la mecánica de atropellar peatones y animales en el entorno virtual. En sintonía, Roberto Clienti (UCR) vinculó la violencia del juego con sucesos internacionales recientes en ese momento, como la Masacre de Jonesboro en Estados Unidos, y aportó estadísticas viales del país, remarcando que gran parte de los causantes de siniestros eran jóvenes conductores.
Quien también intervino de manera contundente fue Aníbal Ibarra, posterior jefe de Gobierno, quien catalogó el juego de «apología del delito» y planteó la posibilidad de extender restricciones similares a otros entretenimientos que promovieran muertes a través de armas o violencia virtual.
La votación resultó en la sanción de la Ley 16, promulgada el 29 de abril de 1998 con la firma del entonces jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa. Poco después, la municipalidad de Rosario replicó la medida mediante decretos de su intendente Hermes Binner, prohibiendo tanto Carmageddon como los títulos Grand Theft Auto (GTA) y Postal.
Sanciones de la época y obsolescencia en la era digital
La Ley 16 de la Ciudad de Buenos Aires preveía inicialmente sanciones con multas de 40 a 400 unidades de multa, el decomiso del material para su inmediata destrucción y clausuras comerciales de hasta diez días en caso de reincidencia. En el año 2000, las multas se actualizaron a un rango de entre 500 y 5.000 pesos, aunque reformas posteriores terminaron por remover el esquema de multas mientras la prohibición comercial se mantenía formalmente vigente.
No obstante, la norma llevaba años sin aplicarse de manera efectiva. El videojuego comenzó a venderse digitalmente en todo el territorio argentino desde julio de 2014 a través de la plataforma virtual Steam por un costo habitual de 5,79 dólares, llegando a valores inferiores durante campañas de ofertas.
La perspectiva actual de los autores de la prohibición
A casi tres décadas del tratamiento de la norma, los exlegisladores Juliana Marino y César Torres rememoraron el contexto socioeducativo de aquel momento, signado por una profunda preocupación por la violencia escolar y los incidentes de tránsito.
César Torres, actual titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el tratamiento para su remoción mediante la Ley de Hojarasca fue apresurado y defendió la vigencia de controles estatales sobre estos contenidos. En contraposición, Juliana Marino recordó que la prohibición generó resistencias en bloques como la UCeDé, y aunque planteó dudas respecto de la eficacia general de las prohibiciones comerciales, respaldó la iniciativa original de 1998 para evitar la normalización de conductas violentas.
Finalmente, el 18 de junio, la Legislatura porteña incluyó la derogación de la Ley 16 dentro de un paquete normativo de la Ley Hojarasca local, que dejó sin efecto más de 30 leyes y ordenanzas consideradas obsoletas o caídas en desuso.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
