La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete marca el cierre de una de las crisis políticas más profundas que debió afrontar la administración del presidente Javier Milei. Tras meses de sostener públicamente al funcionario frente a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el mandatario nacional aceptó su renuncia, dando por terminada una defensa que se había mantenido firme hasta las últimas horas.
Un giro político para la Casa Rosada
La dimisión de Adorni representa un cambio de rumbo para el oficialismo. Durante semanas, tanto el presidente Milei como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, rechazaron la posibilidad de desplazar a quien fuera uno de los funcionarios más cercanos al círculo presidencial. La postura del Poder Ejecutivo se mantuvo firme incluso cuando los bloques de la oposición impulsaron su interpelación en el Congreso y comenzaron a sumar adhesiones para avanzar con una eventual moción de censura.
Sin embargo, el cambio de estrategia comenzó a evidenciarse durante la gira de la comitiva presidencial por España. En una conferencia de prensa en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, el jefe de Estado manifestó por primera vez que removería a Adorni si la Justicia llegaba a comprobar hechos de corrupción. «Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada», afirmó Milei en esa oportunidad, aunque previamente había ratificado su inocencia calificando como «absolutamente plausible» la explicación técnica del funcionario sobre su situación patrimonial.
Pocas horas después de esas declaraciones, Adorni y Karina Milei mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada donde habrían consensuado la salida del ministro coordinador. El exvocero ya había ofrecido su renuncia en dos oportunidades durante los últimos dos meses, pero en aquellas ocasiones no había sido aceptada.
El impacto del frente judicial y las inconsistencias en el patrimonio
El desgaste que derivó en la renuncia de Adorni estuvo alimentado por sucesivas revelaciones sobre bienes no declarados y dificultades para explicar el origen de su patrimonio. En un intento por contener el impacto político de la crisis judicial y separar la comunicación oficial del conflicto, el Gobierno había designado semanas atrás a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, manteniendo a Adorni enfocado exclusivamente en las tareas de la Jefatura de Gabinete. No obstante, la estrategia no logró aislar la agenda pública del avance de las denuncias.
La investigación judicial, llevada adelante por el fiscal federal Gerardo Pollicita, tiene como objeto determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El expediente se inició a partir de los cuestionamientos por el uso de recursos públicos, que comenzaron luego de trascender una fotografía del exfuncionario junto a su esposa descendiendo del avión presidencial el pasado 8 de marzo. Entre las medidas ordenadas por la fiscalía figuran pedidos de información a plataformas de criptomonedas y requerimientos sobre operaciones inmobiliarias.
La trayectoria de Adorni y la danza de nombres para su sucesión
La dimisión de Adorni interrumpe un vertiginoso ascenso político dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Tras asumir como vocero presidencial en diciembre de 2023, su figura ganó centralidad y respaldo dentro del esquema de poder liderado por los hermanos Milei. Su consolidación electoral se produjo en las elecciones legislativas porteñas de 2025, cuando encabezó la lista oficialista que derrotó al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, antesala de su posterior promoción a la Jefatura de Gabinete.
Actualmente, el principal candidato para ocupar el cargo vacante es el actual ministro de Interior, Diego Santilli. El dirigente del PRO viene consolidando una relación de extrema confianza con el Presidente tras haber encabezado la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires luego de la salida de José Luis Espert. El eventual desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete es visto como una señal política hacia los sectores dialoguistas del Congreso de la Nación, en un escenario donde el oficialismo busca reconstruir acuerdos parlamentarios para sostener su agenda legislativa.
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