El diputado Miguel Ángel Pichetto fundó una controvertida propuesta para que el Congreso de la Nación anule la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El legislador planteó esta iniciativa ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, argumentando una supuesta facultad del Poder Legislativo para intervenir ante situaciones de clara ‘gravedad institucional’.
Los argumentos de Pichetto sobre la división de poderes
Durante su exposición, el diputado calificó su planteo como ‘una exploración que todavía no se ha desarrollado’ y admitió que es un argumento que genera controversia en relación con el principio de división de poderes. Sin embargo, sostuvo que se trata de ‘atribuciones inherentes’ del Congreso frente a situaciones de gravedad institucional y nulidades evidentes y notorias.
Pichetto, quien busca acercamientos con el kirchnerismo y promueve la conformación de un espacio de ‘centro nacional’, argumentó sobre la inconveniencia democrática de que un exjefe de Estado se encuentre condenado. Asimismo, señaló presuntas irregularidades en el desarrollo de la causa Vialidad.
Entre sus críticas, apuntó contra la Cámara de Casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó por autorizar en su momento el traslado a Comodoro Py del fiscal Diego Luciani. Además, sostuvo que las cinco vocalías de la Corte debieron estar completas al momento de dejar firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta, y afirmó que los actuales magistrados debieron excusarse debido al juicio político que el peronismo había impulsado en su contra.
Los antecedentes invocados y sus diferencias técnicas
Para sostener su propuesta, el diputado invocó una doctrina que situó en el caso ‘Jorge Antonio’, vinculado con los bienes decomisados a un empresario allegado a Perón tras el golpe de 1955. Sin embargo, constitucionalistas aclararon que este precedente no reconoce facultades al Congreso para anular sentencias, sino que fue utilizado por la Corte Suprema para admitir un recurso contra una resolución que no era definitiva.
Como ejemplo actual de intervención legislativa sobre penas de exmandatarios, Pichetto citó al Congreso brasileño y la denominada ‘ley de dosimetría’ sancionada en relación con el expresidente Jair Bolsonaro. No obstante, se precisó que dicha norma, posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, modificó el régimen penal general aplicable a delitos de intento de golpe de Estado, pero no absolvió ni anuló la condena del expresidente brasileño.
Cuestionamientos técnicos y políticos
La propuesta de Pichetto fue desestimada por especialistas en derecho constitucional. El constitucionalista Pablo Manili aseguró que la iniciativa carece de asidero jurídico, señalando que ‘el Congreso de ninguna manera tiene competencia para anular un fallo judicial’. El experto explicó que las sentencias firmes de la Corte Suprema de la Nación solo pueden ser dejadas sin efecto mediante una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo trámite ante la Comisión respectiva.
En el ámbito político, la propuesta recibió el rechazo de sectores de la oposición. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, se manifestó en contra de acompañar cualquier proyecto orientado a revertir el fallo judicial. ‘En la CC respetamos la división de poderes y no vamos a acompañar ningún proyecto para revertir el fallo contra Cristina Kirchner’, expresó, y concluyó que, si la expresidenta considera que existieron irregularidades, dispone de otros ámbitos institucionales para realizar sus planteos.
