A partir del 1° de julio entrarán en vigencia diversas normas en el estado de Florida. Entre ellas, se destaca la ley HB 1471, una medida firmada por el gobernador Ron DeSantis a principios de abril que impactará directamente sobre los migrantes con visa de estudiante al obligar a la expulsión de aquellos alumnos considerados promotores o colaboradores de organizaciones designadas como «terroristas».
Reformas en el sistema educativo y penalizaciones
La legislación, conocida también como «Sistemas Jurídicos y Organizaciones Terroristas», introduce reformas en las instituciones de enseñanza. Establece que una persona comete un delito si se asocia voluntariamente como miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o control del grupo con la intención prevista en la norma.
Al anunciar la medida, el gobernador declaró: «Para defender el estado de derecho, nuestro estado debe operar bajo un único sistema legal, la Constitución debe seguir siendo la ley suprema de EE.UU. y debemos defender nuestras instituciones de quienes pretenden perjudicarnos, especialmente de las organizaciones terroristas que buscan infiltrarse y subvertir nuestro sistema educativo».
Con la aplicación de la ley, las agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos de escuelas públicas no podrán destinar fondos públicos para apoyar a estas agrupaciones. Además, se sancionará con la expulsión inmediata a los estudiantes que promuevan a organizaciones terroristas domésticas o extranjeras, y las universidades deberán reportar al ICE el estatus migratorio de los alumnos con visa que resulten expulsados por este motivo.
Cuestionamientos y advertencias de organizaciones civiles
La medida ha despertado críticas, principalmente por la discrecionalidad en la determinación de qué agrupaciones serán catalogadas como terroristas, otorgando nuevas facultades de identificación y registro. A inicios de marzo, durante el debate legislativo del proyecto, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) condenó la iniciativa en un comunicado.
Desde la ACLU advirtieron que los estudiantes penalizados enfrentarán la expulsión inmediata, la pérdida de la matrícula estatal y la quita de ayuda financiera. Asimismo, denunciaron que el proyecto no define con claridad el término «promoción», lo que genera temores de una aplicación arbitraria y restricciones a la libertad de expresión. La organización añadió que la historia demuestra que este tipo de normas de seguridad «se aplican con demasiada frecuencia de manera que reprimen la disidencia y afectan desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas, musulmanas, inmigrantes y sectores políticamente marginados».
Por otro lado, Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, cuestionó la legalidad de la norma al considerar que «viola principios constitucionales fundamentales». Según analizó Webber, la ley permite catalogar a un grupo como organización terrorista nacional sin una condena penal previa contra la agrupación, sus líderes o integrantes, lo cual «constituye un castigo antes del debido proceso».
