En la Cámara de Diputados de la Nación se presentó, por tercera vez tras haber perdido estado parlamentario en las dos ocasiones anteriores, el proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y recuperados. La iniciativa busca cubrir un vacío legal en la Argentina, donde aún no existe una normativa de administración de activos recuperados a nivel federal ni un desarrollo suficiente de la reparación del daño en el juzgamiento de la criminalidad organizada.
Dos modelos de destino para los bienes del delito
A nivel global, existen dos enfoques para gestionar los bienes que el Estado incauta y recupera de las investigaciones por delitos federales complejos como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos. El primero es de carácter fiscalista y destina los bienes directamente a los presupuestos estatales. El segundo modelo, que ha sumado respaldo en las últimas décadas y tiene su origen en la lucha contra la mafia en Italia, busca la reutilización de estos recursos para reparar el daño social causado por el delito.
El impacto político y silencioso del crimen organizado
Frente a la tendencia de analizar únicamente el aspecto económico del crimen organizado, la propuesta advierte sobre su fuerte impacto político. Este componente genera un pasivo estructural e institucional que compromete el desarrollo nacional y disputa de manera directa la legitimidad del Estado de derecho. En lugar de sostener la igualdad ante la ley, el crimen organizado impone una dinámica basada en el abuso de poder, la ley del más fuerte y el intercambio de favores ilícitos, manteniéndose estrechamente vinculado a la corrupción.
El daño de este tipo de criminalidad suele ser invisible y acumulativo, erosionando la democracia de forma silenciosa. Por este motivo, se suele calificar erróneamente a estos hechos como delitos sin víctimas, hasta que sus consecuencias se materializan en muertes o en altos índices de pobreza derivados de la corrupción y de las instituciones fallidas.
Un circulo virtuoso de reparacion social
La propuesta legislativa plantea que, ante la criminalidad organizada, no es suficiente con el encarcelamiento ni con el decomiso de dinero. Es fundamental reconstruir la cultura de la legalidad y la igualdad ante la ley. A través del uso público y social de los bienes recuperados, se promueve la participación ciudadana en la resolución del conflicto penal.
Este sistema aspira a generar un círculo virtuoso que conecte investigaciones eficaces con el uso social de los activos decomisados. Como ejemplos prácticos, el proyecto propone la transformación de búnkeres de venta de drogas en salas de primeros auxilios, o la conversión de antiguos prostíbulos en refugios para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. De este modo, la recuperación de activos se convierte en una herramienta concreta de prevención, reparación y fortalecimiento institucional.
Avances previos y la urgencia de una ley integral
A pesar de la falta de un marco normativo unificado, en el último tiempo se registraron avances parciales. La Corte Suprema de Justicia impulsó mecanismos para reducir la cifra negra y facilitar la entrega provisoria de determinados bienes con fines de utilidad pública, implementando mayores controles, transparencia y publicidad. Asimismo, el Poder Ejecutivo avanzó en el diseño de un régimen de conservación, administración y destino bajo la gestión del Ministerio de Justicia.
No obstante, estos esfuerzos aislados no solucionan la problemática central, ya que cada poder del Estado conserva sus propios registros, criterios y mecanismos de administración, lo que genera competencia en lugar de cooperación. Ante este escenario, se argumenta que el dictado de una ley integral es una necesidad urgente e imprescindible para fijar reglas claras, distribuir funciones de manera estable y demostrar a la comunidad los beneficios concretos y tangibles de la legalidad.
