La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado se reunió para recibir al administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quien expuso un pormenorizado informe sobre el estado de la red vial del país y brindó detalles sobre el nuevo sistema de concesiones viales diseñado por la actual gestión de gobierno. El encuentro estuvo presidido por la senadora Beatriz Ávila.
El diagnóstico de la red vial nacional
Durante su presentación, Campoy realizó un repaso del escenario recibido al inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Detalló que en 2023 existían aproximadamente 6.700 kilómetros de rutas nacionales concesionadas sobre una red total de unos 40.500 kilómetros. Entre los corredores mencionados se destacó el Corredor Vial Nacional N° 18, que incluye el puente Rosario-Victoria y cuya concesión finalizó en 2025, además de los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires, con contratos renegociados hasta 2030 que abarcan unos 175 kilómetros. También hizo referencia a la Red de Corredores Viales, conformada por las rutas transferidas al sistema estatal a medida que vencían sus contratos.
El funcionario exhibió imágenes para ilustrar el deterioro de la infraestructura vial, afirmando que algunas rutas se encontraban «totalmente destruidas y en un estado deplorable», sumado a la existencia de «muchos contratos vencidos y judicializados».
Los pilares del nuevo sistema de concesiones
Frente a este diagnóstico, Campoy explicó que el nuevo esquema busca transferir al sector privado la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de los corredores viales, con el objetivo de lograr que las concesiones sean autosustentables y no requieran de subsidios por parte del Estado. Asimismo, remarcó que las licitaciones serán públicas y abiertas a empresas tanto nacionales como internacionales.
En cuanto al esquema de obligaciones, se definió que los concesionarios deberán realizar tareas de puesta en valor antes de comenzar a cobrar las tarifas de peaje. Durante el primer año, los corredores deberán alcanzar determinados estándares de calidad que contemplan la eliminación de baches, el acondicionamiento de banquinas y la renovación de las demarcaciones. Una vez cumplimentadas estas condiciones de puesta en valor, las cabinas estarán habilitadas para el cobro.
Tarifas, actualización y rol del Estado
El nuevo modelo de gestión establece pautas estrictas para el cobro de peajes. «La tarifa no puede superar los tres dólares cada 100 kilómetros», precisó el administrador de Vialidad Nacional, explicando que este límite está ligado a la distancia aproximada entre las estaciones de peaje previstas en los corredores. Para asegurar la sustentabilidad económica de las empresas sin recurrir a subsidios, el modelo habilita a los concesionarios a explotar comercialmente las áreas de servicio situadas a lo largo de las rutas.
Respecto de la actualización de las tarifas, se indicó que los ajustes se realizarán de manera trimestral o cuando la variación de los índices de referencia medidos por el INDEC supere el 15 por ciento dentro de ese período. El Estado, por su parte, conservará el rol de control y fiscalización del estado de las rutas mediante índices y parámetros de calidad específicos para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad. Bajo este esquema, también se transfirió por completo al sector privado la responsabilidad sobre la gestión del pavimento.
Inquietudes de los legisladores y agenda legislativa
Tras la exposición del funcionario, los senadores plantearon preguntas sobre el estado de avance de obras en rutas, puentes y conexiones viales, y renovaron pedidos de informes respecto a la recaudación y destino del impuesto a los combustibles líquidos. También consultaron sobre las funciones de control de Vialidad Nacional en materia de seguridad vial y se compartieron datos sobre inversiones realizadas por administraciones provinciales en pasos fronterizos y corredores nacionales y provinciales.
Hacia el final de la reunión, la senadora Ávila anticipó que próximamente se convocará a un nuevo encuentro de la comisión para avanzar en el tratamiento de diversos proyectos de ley, de declaración y de comunicación orientados a modificar la Ley de Tránsito y a regular las condiciones de seguridad en el transporte escolar.
Fuente: Senado de la Nación.
