En el epicentro de un receso estival inusualmente activo, el Congreso de la Nación se prepara para un febrero de definiciones de alto impacto. La administración de Javier Milei ha reconfigurado su estrategia legislativa para blindar su proyecto de Reforma Laboral, un «buque insignia» que no solo enfrenta resistencias sindicales, sino una incipiente pero sólida rebelión de los mandatarios provinciales por el impacto fiscal en sus arcas. Este escenario se ve atravesado, además, por un clima geopolítico volátil tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ya genera proyectos cruzados y «chicanas» de alto voltaje en los pasillos de las cámaras.
1. El nuevo organigrama del oficialismo: El eje Pettovello-Cordero y el repliegue de Sturzenegger
La dinámica interna del Poder Ejecutivo ha experimentado un giro significativo en el diseño de la Reforma Laboral. Federico Sturzenegger, otrora arquitecto principal de la desregulación, parece haber cedido terreno frente al tándem compuesto por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Fuentes parlamentarias confirman que Pettovello actúa hoy como la «gatekeeper» definitiva del proyecto, supervisando cada coma de la negociación que Cordero lleva adelante con los sectores empresariales y técnicos. Este desplazamiento de Sturzenegger —atribuido al desgaste tras el tratamiento del Presupuesto 2026 y a su perfil más intransigente— busca dotar a la reforma de un carácter más «negociable» sin perder su espíritu de modernización.
En las Cámaras, la jefa del bloque oficialista del senado, Patricia Bullrich, asume el rol de punta de lanza política. Escoltada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Bullrich tiene la misión de reconstruir los puentes con los bloques aliados. Sin embargo, la flexibilidad del Gobierno es todavía un terreno de disputas internas: mientras algunos despachos de Balcarce 50 aseguran que «no hay margen para más cambios», otros sectores de la mesa chica admiten que se podrían conceder «modificaciones menores» para garantizar la sanción.
2. El Artículo 191: El billón de pesos que une a los gobernadores
El principal escollo para el oficialismo en el Senado no es solo ideológico, sino eminentemente fiscal. Los gobernadores peronistas —encabezados por Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y con el monitoreo atento de Martín Llaryora (Córdoba)— han puesto la mira en el Artículo 191 de la reforma.
Según informes técnicos que circulan en los bloques opositores, este artículo reduce la alícuota de Ganancias que pagan las sociedades, lo que impactaría de forma directa en la masa coparticipable. El «hachazo» fiscal se estima en 1,7 billones de pesos, de los cuales las provincias dejarían de percibir una parte sustancial.
- Buenos Aires perdería más de $366.000 millones.
- Córdoba y Santa Fe verían mermas superiores a los $145.000 millones cada una.
«Así como está, no se va a animar a votar la reforma nadie que no sea oficialista», advierten desde el bloque de Fuerza Patria. El ministro Santilli ha iniciado una gira federal para contener estos reclamos, pero la postura de los mandatarios parece inamovible: no aceptarán una reforma laboral que se financie con los recursos provinciales.
3. El factor Venezuela y el «Offside» internacional
Mientras la mesa política se concentra en lo laboral, la crisis en Venezuela ha irrumpido en el Congreso como un factor de distracción y conflicto. La captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos dividió aguas de inmediato:
- La Libertad Avanza presentó un proyecto de declaración de respaldo «absoluto» a la acción de Donald Trump.
- Unión por la Patria y el FIT emitieron comunicados condenando la intervención militar y defendiendo el principio de no intervención.
Sin embargo, el pragmatismo de Donald Trump ha dejado al gobierno argentino en una posición incómoda. El giro del Departamento de Justicia de EE. UU., que ahora relativiza la existencia del «Cartel de los Soles» (calificándolo como un sistema clientelar más que como una organización criminal formal), ha dejado expuesta a Patricia Bullrich, quien lo había declarado oficialmente como organización terrorista en Argentina.
Este descalce entre la retórica local y la realidad geopolítica de Washington será utilizado por la oposición en la primera sesión de febrero. Diputados como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Karina Banfi (UCR) ya preparan pedidos de apartamiento de reglamento para exigir que el Congreso se pronuncie sobre la liberación de presos políticos y el gendarme argentino Nahuel Gallo, intentando correr el foco del «seguidismo ciego» a la Casa Blanca hacia una agenda de derechos humanos y soberanía.
Conclusión: Un febrero de pronóstico reservado
El Gobierno apuesta a que el éxito logrado con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal le dé el impulso necesario para sancionar la Reforma Laboral a partir del 10 de febrero en el Senado. No obstante, el costo político de ignorar el reclamo de los gobernadores por el Artículo 191 y el ruido generado por la agenda internacional podrían empantanar el debate.
La «Mesa Política» (Bullrich, Santilli, los Menem, Adorni y Caputo) enfrenta su prueba de fuego: demostrar si la pericia negociadora mostrada en diciembre fue un hecho aislado o si el oficialismo ha aprendido finalmente a navegar las complejas aguas de la mayoría parlamentaria esquiva.
