La idoneidad como requisito: el riesgo de la improvisación en las instituciones
El funcionamiento de una democracia moderna no solo depende de la voluntad popular expresada en las urnas, sino fundamentalmente de la calidad técnica y ética de quienes ocupan los cargos de representación. En los últimos días, una serie de eventos en el Congreso de la Nación ha vuelto a poner en el centro del debate una pregunta incómoda pero necesaria: ¿están nuestros representantes preparados para la complejidad de las tareas que deben afrontar?
La reciente confirmación de la diputada Lilia Lemoine como integrante de la Comisión de Juicio Político es un caso testigo. Esta comisión no es un espacio de debate ordinario; es el órgano encargado de sustanciar las acusaciones contra los máximos responsables del país, incluyendo al Presidente y a los ministros de la Corte Suprema. Requiere, por definición, un manejo preciso del derecho constitucional y una templanza institucional ajena a las estridencias mediáticas.
La designación se produce, además, en un clima de alta tensión, con la oposición invocando antecedentes como el «caso Libra» y solicitando investigaciones que alcanzan al vocero presidencial Manuel Adorni. En este contexto, la falta de antecedentes técnicos o la percepción de una idoneidad cuestionada en sus integrantes no hace más que erosionar la autoridad de la propia Comisión, transformando una herramienta de control constitucional en un escenario de disputa de baja intensidad.
A este escenario se suma un episodio que, aunque parezca anecdótico, revela una preocupante desconexión con la realidad global: la mención por parte de una legisladora de La Libertad Avanza de haber mantenido una reunión con el embajador de un país que ya no existe. Este tipo de deslices no deben tomarse a la ligera. La política exterior y la diplomacia parlamentaria exigen un conocimiento básico de la geopolítica actual. La improvisación en estas áreas no solo afecta la imagen del país en el exterior, sino que denota una preocupante falta de formación en quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre tratados y relaciones internacionales.
Es fundamental comprender que las instituciones no son entes abstractos ni museos de la política; son, en última instancia, la garantía de representación de los sectores más vulnerables. Cuando las reglas de juego son claras y quienes las ejecutan son idóneos, el Estado funciona como un escudo para aquellos que no tienen otro recurso que la ley. Por el contrario, cuando la impericia se convierte en norma, las instituciones se debilitan, y en ese desorden, los que siempre pierden son los ciudadanos con menos herramientas para defenderse.
La política requiere profesionalismo. El entusiasmo o la lealtad partidaria no pueden suplir la falta de estudio y la ausencia de rigor institucional. No debemos olvidar una advertencia que describe con precisión el peligro de la degradación simbólica del poder: «Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo».
Nuestra tarea como sociedad es exigir que los palacios de la democracia sigan siendo lugares de debate serio y constructivo, para que la representación política sea, efectivamente, una herramienta de progreso y no un espectáculo de improvisación.
