El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, anticipó que vetará un polémico proyecto de ley que busca regular de manera exprés los contenidos de los portales web y redes sociales. La iniciativa, que fue presentada por el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, integrante del propio bloque peronista, generó un fuerte rechazo por ser considerada una medida de censura previa.
Los alcances de la «Medida Cautelar Digital»
El proyecto de ley propone la creación de una «Medida Cautelar Digital» especial para actuar contra publicaciones que supuestamente constituyan calumnias o injurias «en forma manifiesta, inequívoca y acreditada». El texto determina que la medida no solo se limite a las redes sociales, sino que también alcance a diarios digitales, portales web y cualquier otro medio de comunicación en Internet.
De acuerdo con la iniciativa, se ordena el retiro urgente de dichos contenidos en un plazo menor a seis horas, una vez que un juez lo considere de forma exprés. La controversia radica en que la supuesta injuria o calumnia no se debate en un juicio correspondiente, sino que queda bajo el criterio de un magistrado que decide la eliminación en un lapso de tiempo mínimo, sin otorgar al medio de comunicación el derecho a defenderse. Esto ha sido calificado como un caso de censura previa que vulnera derechos protegidos por la Constitución Nacional.
La advertencia de veto de Osvaldo Jaldo
Ante la posibilidad de que la iniciativa avance en el plano legislativo, el gobernador fijó una postura determinante. «Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará», anunció Jaldo, dejando en claro que no acompañará la propuesta de Vargas Aignasse.
Freno al tratamiento y debate interno
La difusión del proyecto generó revuelo a nivel provincial y nacional. A raíz de la repercusión pública, fuentes de la Legislatura tucumana señalaron que, a pesar de que la iniciativa ya obtuvo dictamen de comisión, finalmente no sería llevada al recinto para su debate y votación.
En un intento por morigerar el impacto y el contenido de la propuesta tras el escándalo, desde el bloque peronista argumentaron que el proyecto de ley excluía las publicaciones referidas a funcionarios públicos. Según explicaron, el objetivo de la norma se limitaba a salvaguardar a los «ciudadanos comunes» de escraches y difamaciones en redes sociales y portales, buscando evitar ataques hacia jóvenes que resultan difamados en entornos virtuales.
Foto: La Política Online. Fuente original: La Política Online.
