Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca establecer un régimen de sanciones mucho más riguroso ante el ingreso no autorizado de cuadrillas de cazadores a establecimientos rurales, una problemática recurrente denunciada por los productores bonaerenses. La propuesta apunta a prohibir de forma expresa la caza de animales silvestres en predios privados sin el aval de sus propietarios y a instaurar una nueva figura legal denominada «contravención grave contra la seguridad rural», la cual contempla multas elevadas, decomisos, secuestro de vehículos e inhabilitaciones.
Los objetivos y el alcance de la iniciativa
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Luciano Bugallo, con el acompañamiento de su par Andrés De Leo. Según explicaron, el objetivo es potenciar la protección de los establecimientos rurales, preservar la fauna silvestre y brindar una respuesta efectiva frente a un conflicto que se ha agudizado en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Bugallo remarcó: «Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la provincia, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal y fauna silvestre».
La normativa prohíbe expresamente la práctica de la caza sin autorización mediante el uso de armas, perros galgos o cualquier otra raza canina en predios de propiedad privada. Asimismo, prevé sanciones para quienes organicen, financien, faciliten estas actividades, trasladen armas o perros para la caza furtiva, integren cuadrillas o irrumpan en campos con este propósito.
Sanciones severas y agravantes
De ser sancionada la ley, las conductas mencionadas serán catalogadas como una «contravención grave contra la seguridad rural». Las penas estipuladas contemplan multas que van desde las 1.000 hasta las 20.000 Unidades Fijas, la inhabilitación por diez años para tramitar permisos de caza, el decomiso de los elementos empleados y el secuestro preventivo de los vehículos involucrados.
Por otra parte, el proyecto contempla agravantes que incrementarán las sanciones en un 50% cuando se den ciertas circunstancias, tales como la participación de tres o más personas, el desarrollo de la actividad en horario nocturno, la utilización de vehículos motorizados, la existencia de antecedentes del infractor, la afectación de áreas protegidas o la producción de daños materiales.
Para aquellos casos específicos en los que se acceda sin autorización a los establecimientos rurales con intenciones de cazar, las multas estipuladas se elevarán de 5.000 a 30.000 Unidades Fijas, sumado a una inhabilitación especial de quince años para obtener permisos, que pasará a ser permanente ante una segunda reincidencia.
Registro de infractores y destino de los animales
El articulado de la ley propone el decomiso obligatorio de los perros utilizados para la caza, las presas, armas, cuchillos y herramientas utilizadas en la infracción. En cuanto a los animales caninos, se dispone que sean sometidos a controles veterinarios y derivados a refugios o programas de adopción responsable provinciales, posibilitando que sus dueños reclamen la devolución bajo condiciones específicas. De igual manera, se prevé la creación del Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada.
Fundamentos de la propuesta y la situación actual
En la fundamentación de la propuesta, Bugallo señala que la medida responde al aumento de los casos de caza furtiva en el territorio bonaerense y a la necesidad de dotar al Estado de mejores herramientas de protección. Según el legislador, el marco normativo actual es insuficiente para desalentar este tipo de prácticas.
«La provincia de Buenos Aires enfrenta desde hace años una problemática creciente vinculada a la organización de cuadrillas dedicadas a la caza furtiva mediante la utilización de perros galgos, actividad que produce graves consecuencias de seguridad pública», detalla el proyecto. Además, advierte que la incursión no autorizada de estos grupos organizados genera temor en la población rural, aumenta el peligro de enfrentamientos y ocasiona pérdidas económicas a los productores.
Finalmente, se menciona la preocupación expresada por el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) respecto de la repetición de estos hechos. Se remarca que, si bien el Código Rural de la provincia de Buenos Aires ya veda la conformación de cuadrillas de caza y la actividad nocturna, las reglas vigentes no logran desalentar las infracciones de manera eficaz.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
