La Justicia fijó una base de 52 millones de dólares para iniciar la venta de SanCor

La Justicia santafesina puso en marcha formalmente la venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor, estableciendo una base de US$ 52,1 millones para la oferta global por sus plantas industriales y sus marcas comerciales. La histórica firma láctea fue declarada en quiebra en abril pasado. El proceso de licitación contempla la enajenación de seis plantas productivas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, además de un lote diferenciado para las marcas y otros activos intangibles de la compañía.

Detalles de la valuación de activos

La resolución del caso fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, quien se encuentra a cargo del proceso de quiebra. En la disposición se determinó que las plantas industriales tienen un valor conjunto de US$ 27,4 millones, en tanto que las marcas y otros activos intangibles fueron tasados en US$ 24,7 millones.

De manera desagregada, la planta de Devoto, especializada en leche en polvo, manteca y crema, fue valuada en US$ 7 millones. Por su parte, el establecimiento de Gálvez, destinado al fraccionamiento y empaque de productos lácteos, recibió una tasación de US$ 5,5 millones. Las plantas de La Carlota (enfocada en quesos duros) y Balnearia (dedicada a la elaboración de quesos) tienen una valuación de US$ 5 millones cada una.

Asimismo, la planta de San Guillermo, orientada a la producción de quesos, se tasó en US$ 2,5 millones, mientras que la planta de Sunchales, donde se elaboran leche UAT, leche en polvo y dulce de leche, quedó valuada en US$ 2,4 millones. Esta última instalación sufrió una reducción del 20% respecto de su valuación original de US$ 3 millones debido al impacto de un incendio registrado el pasado 7 de junio.

Esquema de licitación y preservación de fuentes de trabajo

La venta judicial se estructuró a través de una licitación pública organizada en siete lotes independientes: seis de ellos corresponden a las unidades productivas individuales y uno al conjunto marcario. Las condiciones del pliego permiten a los oferentes interesados presentar propuestas por plantas específicas, combinaciones de activos o bien por la totalidad de la empresa.

El magistrado a cargo argumentó que la modalidad adoptada busca asegurar el valor de la firma y proteger las fuentes laborales. Según la resolución, avanzar con «la venta de la empresa como unidad o de los conjuntos de bienes que integran cada establecimiento» se presenta como la alternativa «más apta para preservar el valor de los activos tangibles e intangibles y tutelar las fuentes de trabajo».

Por esta razón, la adjudicación no se definirá de manera exclusiva por el precio monetario propuesto. El pliego prevé la ponderación de factores como la continuidad de la actividad productiva, la conservación de los puestos de trabajo y los antecedentes de los oferentes. La resolución advierte que «la mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación».

Los interesados en presentarse al proceso deberán adquirir un pliego de bases y condiciones valorado en US$ 10.000 y constituir una garantía equivalente al 10% de su respectiva oferta. Con respecto a las deudas laborales, previsionales o de seguridad social previas a la posesión, los nuevos compradores no las asumirán, ya que estas seguirán sustanciándose en el expediente de la quiebra.

El valor de la marca y las disputas legales

Dentro del sector lácteo se destaca que la marca SanCor representa uno de los principales atractivos de la operación. De hecho, casi el 50% de la tasación global dispuesta por el juez corresponde al portafolio marcario (US$ 24,7 millones), del cual US$ 18,7 millones pertenecen a la marca principal SanCor y US$ 6 millones al conjunto de sus submarcas, entre las que figuran Mendicrim, Quesabores, Tolem, San Regim, Santa Brígida y Chelita.

La valuación de estos intangibles se realizó bajo la metodología internacional conocida como «Relief from Royalty» (Alivio de Regalías), la cual calcula el valor estimado de una marca a partir de los ingresos proyectados mediante licencias. El informe judicial dejó constancia de que la marca sufrió una pérdida de valor respecto de estimaciones de años anteriores a raíz del deterioro operativo, comercial, financiero y de reputación acumulado por la cooperativa.

La evolución de la crisis de la firma se evidencia al comparar el escenario actual con el de 2018, cuando la firma Adecoagro ofreció US$ 45 millones por solo dos plantas (Chivilcoy y Morteros) junto con las marcas Las Tres Niñas y Angelita. Hoy, la base judicial para la totalidad de las seis plantas y todas las marcas se sitúa en US$ 52,1 millones.

Adicionalmente, el proceso aborda un conflicto judicial preexistente con el fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., que reclama derechos sobre las marcas Mendicrim y Santa Brígida. A fin de resguardar la licitación de este litigio, el pliego dispone que el comprador adquirirá las marcas libres de restricciones, pero una porción del pago quedará inmovilizada en una cuenta judicial a la espera de un fallo definitivo.

Interés en el sector y plazos del proceso

Previo a la publicación del pliego, el juez Gelcich encabezó en Sunchales una reunión informativa para dar detalles sobre el estado patrimonial y operativo de SanCor. De aquel encuentro participaron representantes de compañías del sector como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela, además de otros grupos comerciales. También transmitió su interés el empresario rosarino Gustavo Scaglione a través de una nota formal.

Las propuestas económicas deberán formularse en dólares y el eventual adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 20 días corridos para cancelar el total del pago. La toma de posesión de las unidades se concretará dentro de los tres días hábiles posteriores a la acreditación del pago.

Los plazos formales establecen que, una vez publicados los edictos en el Boletín Oficial de Santa Fe, los interesados dispondrán de cinco días corridos para el análisis de documentación y la realización de visitas técnicas a los establecimientos, y de diez días corridos para formalizar la presentación de las ofertas. El pliego prevé que, si la primera licitación resulta desierta, el tribunal procederá a resolver una segunda convocatoria licitatoria sin base mínima.