Por la Redacción de Congreso.AR
La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario esta semana de una de las discusiones más complejas de la agenda legislativa actual: la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Entorno Periglaciar. En una sesión marcada por la profundidad técnica de las exposiciones, el oficialismo y la oposición presentaron visiones contrapuestas sobre el equilibrio entre la explotación de recursos naturales y la seguridad hídrica del país.
El eje de la reforma: la definición del entorno periglaciar
El núcleo del debate técnico reside en la modificación de los artículos que definen las zonas protegidas. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca precisar los alcances de la protección, limitándola a aquellos glaciares que cumplan con una serie de requisitos técnicos y dimensiones específicas consignadas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Desde los bloques que apoyan la medida, se argumenta que la legislación vigente presenta una «ambigüedad jurídica» que ha paralizado proyectos de inversión minera de gran escala, especialmente en las provincias cordilleranas. Según los expositores a favor de la reforma, la nueva redacción brindaría la previsibilidad necesaria para atraer capitales extranjeros sin desatender el cuidado del medio ambiente, siempre bajo estándares internacionales de control.
Las voces de la oposición y el sector científico
En contrapartida, legisladores de diversos bloques de la oposición, junto con representantes de organizaciones ambientales y científicos del CONICET, han expresado su preocupación por lo que consideran un «retroceso en los estándares de protección». El principal punto de fricción es la flexibilización de la zona periglaciar, que actúa como regulador hídrico en zonas de aridez.
Durante las intervenciones en el recinto, se destacó que los glaciares no solo son reservas estratégicas de agua dulce, sino también componentes esenciales para la mitigación del cambio climático. Los sectores críticos sostienen que cualquier modificación que reduzca el área de protección actual vulnera el principio de no regresión en materia ambiental, un precepto constitucional que impide que las leyes futuras otorguen menos protección que las actuales.
Hacia una votación ajustada
La dinámica en las comisiones de Minería y de Recursos Naturales ha sido intensa. Se espera que el dictamen final sea el resultado de una negociación directa con los gobernadores de las provincias andinas, quienes poseen una influencia determinante sobre sus respectivos bloques legislativos. Las provincias de San Juan, Catamarca y Santa Cruz siguen de cerca el minuto a minuto, dado que el resultado de este debate definirá el mapa de inversiones para la próxima década.
Al cierre de esta edición, las negociaciones se centraban en la posibilidad de introducir cambios en el texto para garantizar que, independientemente de la nueva definición técnica, no se afecten las cuencas que abastecen de agua a las poblaciones locales y a la actividad agrícola.
Perspectivas
El tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara Baja representa un desafío para la política argentina: la capacidad de legislar sobre recursos estratégicos en un contexto de necesidad de divisas, sin comprometer el patrimonio natural. La resolución de este debate marcará un precedente fundamental sobre la jerarquía de las leyes ambientales frente a las necesidades de expansión económica.
Se espera que la votación se realice en las próximas horas, con un pronóstico de paridad que obligará a ambos sectores a buscar hasta el último voto en los bloques minoritarios.
