El Gobierno impulsa la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina mientras un proyecto en el Senado busca blindar al sector como “no enajenable”. Qué está en juego: seguridad, soberanía tecnológica, financiamiento y el futuro de la matriz energética.
En una mañana fría a orillas del río Paraná de las Palmas, las torres cilíndricas de Atucha se recortan contra un cielo metálico. Dentro, técnicos con cascos blancos vigilan pantallas en una sala de control que podría ser de otra época y, sin embargo, late con software actualizado y protocolos reforzados. “La energía nuclear es paciente: requiere décadas”, dice un ingeniero que pide reserva de su nombre. “La pregunta es si el país todavía tiene ese tiempo.”
Esa paciencia —esa inversión a plazos que no caben en ningún año fiscal— está bajo escrutinio. La Casa Rosada anunció que iniciará el proceso para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las tres centrales del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. El plan contempla vender el 44% de las acciones en un bloque, abrir hasta un 5% a un programa de propiedad participada y mantener el 51% en manos del Estado.
En el Senado, un proyecto de ley presentado por la oposición busca poner un dique. Declara al desarrollo nuclear “de interés público y estratégico no enajenable”, exceptúa a Nucleoeléctrica de la Ley Bases —que habilitó privatizaciones— y ordena frenar cualquier trámite para modificar su composición accionaria. Es, en esencia, un intento por atar al mástil una política de Estado que ha sobrevivido a cambios de signo político, crisis y reconstrucciones.
Un legado de siete décadas La Argentina comenzó su carrera nuclear en 1950, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1974, inauguró Atucha I; en 1983, Embalse; y, tras un largo paréntesis, puso en marcha Atucha II en 2014. El regulador —la Autoridad Regulatoria Nuclear— opera con independencia legal y responde a obligaciones internacionales: acuerdos de salvaguardias con el organismo de Naciones Unidas (OIEA) y con Brasil a través de la agencia binacional ABACC, y convenciones de seguridad suscritas por el país.
La red es más amplia que sus centrales. INVAP, una empresa estatal rionegrina, exportó reactores de investigación y fabricó satélites y radares. Proveedores como CONUAR o DIOXITEK sostienen una cadena de valor con especificaciones que pocos países de ingresos medios pueden acreditar. Y en el corazón de la I+D late el CAREM, un pequeño reactor modular concebido para operar donde la red no llega. “Es más que electricidad: es una plataforma de conocimiento”, resume una investigadora de la CNEA.
Un debate que vuelve La discusión sobre privatizar —o no— las joyas del Estado no es nueva. En los años 90, en pleno ciclo de reformas, se barajó abrir la puerta a capitales privados en el sector nuclear. No ocurrió. Sí se reorganizaron funciones: nació Nucleoeléctrica como sociedad anónima estatal para operar las centrales, y se reforzó la independencia del regulador. Luego, entre 2003 y 2015, el país reactivó obras, completó Atucha II y extendió la vida útil de Embalse. En la última década, los planes para una nueva central —Atucha III, con tecnología importada— quedaron atrapados entre la geopolítica y los números.
El presente giro coloca al país en una encrucijada. Quienes apoyan la venta parcial sostienen que la inversión privada puede inyectar capital fresco, modernizar sistemas críticos de instrumentación y control y profesionalizar la gobernanza. “La seguridad no es gratis”, argumenta un exdirectivo del sector. “Hay que invertir miles de millones de dólares en extensión de vida y upgrades. Si el Estado no puede, alguien lo tiene que hacer.”
Los detractores ven otra película. “Los incentivos comerciales no siempre casan con la cultura de seguridad nuclear”, advierte un exfuncionario regulatorio. Señalan el riesgo de extranjerización de decisiones estratégicas y el costo de capital: en una economía volátil, la financiación privada puede encarecer tanto el kilovatio nuclear que su promesa climática queda opacada. “Cuando los países avanzan con capital privado en nuclear, suelen blindar el proceso con garantías estatales, contratos a 30 años y un regulador empoderado. De otro modo, no cierra”, dice un consultor que trabajó en proyectos en Canadá y el Reino Unido.
Lecciones del mundo Francia reestatizó de facto a EDF para encarar una agenda de mantenimiento y nuevas construcciones luego de admitir atrasos y sobrecostos. Corea del Sur y China sostienen modelos predominantemente estatales, con una planificación centralizada que apuesta por la estandarización. El Reino Unido, pionero en privatizar su sistema eléctrico, tuvo que apoyarse en garantías públicas y financiamiento externo para su nueva central en construcción, Hinkley Point C. Canadá combina una empresa pública (Ontario Power Generation) con un operador privado bajo leasing de largo plazo (Bruce Power), en uno de los experimentos más citados de colaboración público-privada.
El denominador común: incluso con capital privado, el Estado conserva el timón. Define estándares, asume parte del riesgo financiero y, sobre todo, cuida la cultura de seguridad que, en nuclear, es principio y fin.
Qué está en juego La energía nuclear aporta entre 6 y 8 por ciento de la electricidad del país, un número menor frente a la generación térmica o hidroeléctrica, pero crucial por su condición de base y sus bajas emisiones en operación. En un clima cada vez más errático —el país ha enfrentado sequías históricas y picos de demanda— la estabilidad que brinda la nuclear es una póliza de seguro. También lo es su derrame industrial: miles de empleos calificados, contratos que exigen precisión quirúrgica y la posibilidad de exportar conocimiento.
La pregunta que se hace el Congreso —y, en menor voz, los organismos internacionales con los que la Argentina contrajo compromisos— no es si el país debe tener o no centrales nucleares. Es cómo financiarlas, operarlas y vigilarlas en un contexto de estrechez fiscal y volatilidad política.
Posibles caminos En los borradores que circulan, emergen tres opciones. La primera: mantener a Nucleoeléctrica como empresa plenamente estatal, pero someterla a una disciplina transparente, con metas públicas de desempeño, auditorías externas y un fondo plurianual para inversiones y para la gestión de residuos y desmantelamientos futuros.
La segunda: permitir una participación privada minoritaria, con el Estado reteniendo una “acción de oro” para vetar decisiones estratégicas. En esa arquitectura caben cláusulas de “fit and proper” para nuevos accionistas, límites a la transferencia de acciones a terceros, compromisos obligatorios de inversión y contratos con indicadores de seguridad y disponibilidad sujetos a penalidades.
La tercera: abrir la puerta a asociaciones público-privadas para nuevas unidades —incluida la posibilidad de pequeños reactores modulares—, manteniendo el parque actual bajo operación estatal. Ese esquema se apoya en contratos de compraventa de energía a largo plazo y, en la práctica, regresa al punto de partida: el Estado como garante.
Una decisión con ecos largos En la sala de control, el ingeniero vuelve a mirar las pantallas. Habla de redundancias y pruebas, de válvulas y sensores. Pero cuando se le pregunta por la política, la respuesta es más simple. “Nuestro trabajo es minimizar sorpresas”, dice. “La red eléctrica, la seguridad de la gente, dependen de eso. Ojalá la política también minimice las suyas.”
La ley en debate puede atar —o soltar— nudos que la Argentina tardó 70 años en anudar. Hay argumentos razonables a ambos lados de la mesa. El costo de un error, en cambio, es difícil de calcular. En nuclear, como en pocas áreas, las decisiones del presente resuenan por décadas.
