El manejo de los fondos fiduciarios estatales quedó en el centro del debate político y judicial tras conocerse que el Ministerio de Economía, liderado por Luis «Toto» Caputo, concentra la supervisión de estas herramientas financieras. Según advierten sectores de la oposición, la cartera económica acumula recursos multimillonarios con fines discrecionales, mientras se registran fuertes subejecuciones en partidas destinadas a obras de infraestructura clave.
De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, que dirige el ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, la actual administración nacional ya logró acumular más de 3.000 millones de dólares en fondos fiduciarios hasta 2025. Las proyecciones del organismo indican que esta cifra podría escalar hasta los 4.000 millones de dólares para finales de 2026, basándose en un cálculo aritmético que proyecta unos 956 millones de dólares para ese año, tras registrarse un resultado financiero de 239 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio.
La centralización en el Palacio de Hacienda
A pesar de que el presidente Javier Milei manifestó en 2024 su intención de eliminar estas herramientas por considerarlas «cajas de la política», actualmente se mantienen operativos unos 27 fondos fiduciarios. A través del Decreto N° 215/2024, el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Economía como el fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos integrados total o parcialmente con bienes o recursos estatales, otorgándole la dirección de los mismos.
Esta decisión concentró bajo la órbita de una sola cartera recursos que históricamente se distribuían entre distintas áreas ministeriales. Entre los fideicomisos que continúan activos se encuentran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el de Infraestructura Hídrica y el destinado a los Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Por el contrario, la Secretaría de Hacienda reportó una lista de 20 fondos fiduciarios «en disolución». Entre ellos figuran el creado para la «Asistencia Directa a Víctimas de Trata» y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), inicialmente coordinado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la Provincia.
La situación del fondo de Tierra del Fuego
Otro de los focos de atención es el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) de Tierra del Fuego, que llegó a contar con un presupuesto de 150 millones de dólares. Según trascendió, el Gobierno nacional tendría intenciones de vaciarlo, habiendo reducido «a cero» a comienzos de año el aporte que realizaban las empresas ensambladoras de la isla para su financiamiento.
Si bien la delegada de Santiago Caputo que tutelaba el FAMP, Noelia Ruiz, renunció hace poco más de un mes y el Ministerio de Economía decidió no renovar los cargos de su directorio, el fondo no figura en el listado oficial de fideicomisos en proceso de disolución. Actualmente, continúan operativos proyectos de infraestructura previamente aprobados, como la construcción de hoteles y un puerto en la localidad de Río Grande.
Denuncia judicial y subejecución en el SisVial
La controversia sumó un capítulo judicial a partir de una denuncia contra el ministro Luis «Toto» Caputo por el funcionamiento del fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial). Este fondo, financiado mediante un impuesto a los combustibles líquidos con el objeto de reparar y mantener rutas nacionales, es acusado de desviar sus recursos para financiar al Tesoro Nacional.
La denuncia formal presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz detalla que, al 31 de mayo de 2026, el SisVial mantenía más de 1,001 billones de pesos colocados en colocaciones financieras —como plazos fijos y títulos públicos—, mientras que otros 37.761 millones de pesos permanecían inmovilizados en su cuenta corriente. En total, más de 1,038 billones de pesos se encontraban al margen de la ejecución de obras viales.
El escrito judicial señala que durante el período de dos años y medio analizado, la recaudación del SisVial sumó 1,503 billones de pesos, pero solo se aplicaron 394.406 millones de pesos a su fin específico, alcanzando un nivel de subejecución del 73,8%. Ante esto, la presentación solicita que la Justicia investigue el circuito de la recaudación asignada, bajo la sospecha de que no todos los ingresos habrían ingresado formalmente a la cuenta fiduciaria.
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