El presidente Javier Milei tomó por sorpresa a muchos al bloquear por completo la Ley 27.757 en el último momento disponible para vetarla. Esta norma, aprobada por el Congreso, pretendía beneficiar a las universidades nacionales, pero el veto del presidente forestó su implementación. El rechazo se produjo poco después de una manifestación masiva a favor de aumentar el presupuesto para las universidades y un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente permitió inferir la decisión del Gobierno. Este veto modera el régimen legal de financiamiento para las universidades nacionales, afectando los gastos operativos y plantilla salarial, tanto docente como no docente, del Sistema Universitario Nacional. La ley buscaba salvaguardar y asegurar el financiamiento de las universidades en todo el territorio de Argentina durante el 2024 y ajustar los presupuestos necesarios para dicha financiación. Las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos, y varios ministros respaldan al veto, sosteniendo que la normativa violaba la legislación actual por no calcular su impacto fiscal ni determinar su fuente de financiación. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, cualquier ley que implique nuevos gastos sin previsión en el presupuesto general debe especificar las fuentes de financiamiento. Además, el reglamento de la Cámara de Senadores estipula que todos los proyectos que generen gastos incluyan en su justificación una estimación de dichos desembolsos y se señale la fuente de dinero para su sustentabilidad. El impacto fiscal representaba un incremento notable de los costos anuales existentes, lo que justificó el veto presidencial. El presupuesto actual resultaría insuficiente para cubrir las necesidades del proyecto, según lo argumentado en el veto. El Ejecutivo afirma que aplicar las disposiciones del proyecto incrementaría significativamente el gasto total, posiblemente desorientando y llevando a mayores daños totales insospechados. Asimismo, destaca que la aumentó particularmente el sueldo de los empleados del sector educativo alcanzando un 87% en determinado lapso comparado al resto del personal gubernamental. añaden que dicha tasa contrasta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de un 144% reportado por el INDEC durante ese mismo período. El Gobierno afirma que, de implementarse la ley, se otorgaría un trato preferencial áspero hacia el personal universitario sobre otras áreas del gobierno, insinuando que los aumentos salariales deben resultar de negociaciones laborales colectivas. En suma, el veto editorial completo a este proyecto de regulación ha agitado a muchas esferas político-sociales. Se avecinan respuestas largamente silenciosas para entender el conjunto desatendido del prolongado proceso pasajero que resulte absoluto ante este férreo bloqueo.
¡Restricción absoluta al financiamiento universitario! Milei bloquea la Ley 27.757
