A través del Decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad de su gabinete, el Poder Ejecutivo modificó la ley de Migraciones. La nueva normativa establece penas de prohibición de ingreso al país y la eventual expulsión de aquellos extranjeros que «propaguen mensajes de odio». Según fuentes oficiales, la medida representa la respuesta de la administración nacional ante lo que consideran una «campaña anti-argentina» denunciada por el oficialismo.
El origen de la iniciativa en la Casa Rosada
De acuerdo con diversas fuentes gubernamentales, la redacción del decreto se gestó principalmente en la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo. El propio consultor se pronunció al respecto en sus redes sociales: «Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente».
En sintonía con esta postura, Caputo respaldó una publicación del intelectual mileista Agustín Laje, quien definió a la supuesta campaña contra el país como «la última manifestación ideológica de la agenda woke». Laje argumentó que las críticas no se limitaban a cuestiones deportivas, sino que constituían «una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo», señalando además una presunta convalidación local por parte de sectores de izquierda y del progresismo.
Coordinación interna y fundamentos legales
La viabilización y firma del decreto contó con la gestión activa de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señalada como cercana a la secretaria general Karina Milei. Monteoliva fue la encargada de comunicarse con distintos ministros para interiorizarlos sobre los alcances del texto y coordinar el acompañamiento de sus firmas.
La justificación legal de la norma se apoya en preceptos de la Constitución Nacional y en fallos de la Corte Suprema de Justicia. El texto del decreto señala que «toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio». Con esta base, las modificaciones facultan al Gobierno a cancelar la residencia de extranjeros bajo estas causales, ordenando su salida del territorio o disponiendo su expulsión.
Implementación y control migratorio
La aplicación del nuevo criterio restrictivo estará a cargo de la Dirección de Migraciones, organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El control se centrará especialmente en el proceso de otorgamiento de visas para ciudadanos de países de Asia, Medio Oriente y África que no poseen acuerdos bilaterales con Argentina.
Fuentes oficiales explicaron que se realizará un exhaustivo análisis de la información suministrada por los solicitantes de visados antes de su concesión. «Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista», aclararon desde el entorno oficial, enfatizando que se busca consolidar un criterio de control más estricto.
Denuncias de campañas de desinformación internacional
El marco del decreto coincide con declaraciones del presidente Javier Milei, quien acusó a los gobiernos de Brasil, de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de financiar una campaña de desprestigio contra la Argentina. El canciller Pablo Quirno respaldó esta afirmación, asegurando que el Ejecutivo conoce el origen de las publicaciones hostiles, aunque optó por no dar precisiones adicionales.
Por su parte, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, se refirió al tema calificándolo como una «hipótesis» vinculada a sectores de izquierda que pretenden afectar el rumbo del modelo libertario. Ravier rechazó las acusaciones que catalogan a la Argentina como un país racista y cuestionó las declaraciones provenientes de diversos sectores externos, una postura que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya desestimó de manera pública.
Finalmente, el exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, también convalidó la hipótesis de una maniobra de desinformación coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente con el fin de perjudicar la gestión de Milei. El decreto modificado entrará en vigencia de forma inmediata tras su publicación.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
