Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados llevó a cabo una reunión informativa para analizar el proyecto sobre el régimen de transparencia y publicidad de gestión de intereses impulsado por el Poder Ejecutivo. El encuentro contó con las exposiciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron sus posturas y observaciones sobre la iniciativa, en continuidad con la presentación realizada la semana pasada por Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior de la Nación.
La visión del sector empresarial y productivo
El primero en exponer durante la jornada fue Alejandro Díaz, CEO de AmCham, quien manifestó que la entidad respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y la calidad institucional en la interacción entre los sectores público y privado. Díaz señaló la importancia de que la ley resulte sólida, equilibrada y de aplicación efectiva, para lo cual consideró clave contar con consenso político.
Díaz fundamentó que una buena regulación de gestión de intereses o lobby debe sostenerse en la claridad conceptual, la viabilidad operativa, la proporcionalidad y la promoción de buenas prácticas. Asimismo, sugirió realizar aclaraciones conceptuales en la propuesta del Ejecutivo, comparó la iniciativa con normas vigentes en Estados Unidos y Chile, y alertó que un régimen excesivamente punitivo podría desalentar la participación legítima de empresas y de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas.
Por su parte, Ángeles Naveyra, Presidente de la Fundación Barbechando, defendió la interlocución con los funcionarios públicos como una actividad legítima y necesaria en una democracia representativa, argumentando que las decisiones se enriquecen cuando se escuchan a las partes alcanzadas por las normas. En ese sentido, puntualizó que la regulación debe transparentar la actividad pero de manera equilibrada y proporcional, sin generar barreras que se transformen en obstáculos para que ciudadanos, empresas y sectores productivos se acerquen al Estado.
Objeciones legales y definiciones del proyecto
Desde el plano técnico y legal, Alejandra García, Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, coincidió en la necesidad de regular el lobby, señalando que representa una deuda pendiente en Argentina. No obstante, advirtió que el proyecto presenta deficiencias estructurales graves, principalmente en el artículo 2, cuya definición de gestión de intereses consideró excesivamente amplia por comprender cualquier comunicación destinada a influir en decisiones públicas. García alertó que esto podría derivar en una criminalización del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y cuestionó la severidad de los tipos penales de los artículos 39 y 42.
En una línea similar, María Barón, Directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo, evaluó que si bien el proyecto coincide en espíritu con el trabajo que se viene realizando hace años, el articulado entra en conflicto con ese propósito. Barón identificó faltas de taxatividad en las definiciones de intereses privados, colectivos, comerciales y sectoriales. Al respecto, advirtió sobre el peligro de repetir deficiencias de implementación similares a las observadas en la Ley de Acceso a la Información Pública en relación con los actores obligados.
Preocupación por la participación ciudadana y el rol legislativo
La viabilidad de la iniciativa también fue severamente cuestionada por Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, quien planteó sus dudas sobre si la norma busca regular el lobby o ejercer un control sobre las agendas de los legisladores y las organizaciones sociales. Secchi afirmó que la ley está mal diseñada y que genera una alta carga burocrática, obligando a los legisladores a informar detalladamente cada movimiento ante las autoridades de la Cámara, lo cual coarta la libertad de la sociedad civil.
Finalmente, Andrés Napoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), criticó que la propuesta legislativa no diferencie el lobby corporativo y financiero de las actividades generales que realizan los ciudadanos y las organizaciones. Según Napoli, el proyecto interfiere directamente sobre la participación cívica y desconoce el rol de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales representan intereses colectivos, generan conocimiento especializado y colaboran activamente con el Estado en áreas donde este no tiene alcance.
