Tras un reciente encuentro entre Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, dirigentes alineados con la ex presidenta analizan e impulsan políticamente una propuesta que busca que el Congreso de la Nación anule la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad. Aunque la iniciativa genera debates sobre su viabilidad jurídica y no cuenta actualmente con un tratamiento parlamentario programado, diversos sectores buscan instalar el tema en la agenda pública.
La propuesta de Pichetto y la postura del kirchnerismo
La idea, que fue lanzada inicialmente por Miguel Pichetto en una reunión de la comisión de Derechos Humanos de Diputados al cumplirse un año de que la Corte Suprema dejara firme el fallo, comenzó a ser estudiada por asesores de los bloques legislativos. Un diputado cercano a la ex mandataria confirmó el análisis del tema: «Pichetto lo fundamenta en los vicios que tiene la causa. Nosotros vamos a explorar todas las vías para ver cómo logramos que esta condena injusta tenga una revisión». Asimismo, desde el espacio valoraron que la propuesta haya sido expuesta por un dirigente externo y no por un referente propio, considerándolo un punto de partida estratégico para sumar otros respaldos.
Para dotar de sustento a la posibilidad de que el Poder Legislativo intervenga ante un caso calificado como de «gravedad institucional», en el kirchnerismo recurren a comparaciones internacionales y locales. Por un lado, mencionan la ley de Dosimetría sancionada en Brasil, orientada a la proporcionalidad de las penas, que modificó el cálculo y ejecución de condenas en ese país. Por el otro, citan como antecedente argentino la ley de reparación histórica 23.062 de 1984, la cual anuló los procesos judiciales contra los integrantes de los poderes constitucionales durante la dictadura militar, una medida que en su momento buscó descomprimir la situación de la ex presidenta Isabel Perón.
Los argumentos sobre la «gravedad institucional»
Durante su exposición en la comisión de Diputados, Pichetto fundamentó su postura señalando las anomalías del proceso judicial. «Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad», advirtió el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, remarcando que la conducta de un jefe de Estado debe evaluarse bajo un procedimiento especial.
Entre las supuestas irregularidades del juicio, Pichetto enumeró la incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal destinado originalmente a causas de narcotráfico en Rosario y la limitación para apelar la sentencia. También apuntó contra los magistrados del máximo tribunal: «Tampoco hubo imparcialidad de los jueces de la Corte: debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada». Ante este escenario, concluyó que el Congreso tiene la facultad de intervenir para declarar la nulidad de un fallo viciado y garantizar el equilibrio de poderes.
Divergencias internas en el peronismo
A pesar del entusiasmo de un sector, la iniciativa no reúne un consenso unánime dentro del peronismo. Un referente del peronismo federal manifestó sus reparos técnicos: «No encuentro andamiaje jurídico en el artículo 75 de la Constitución, que enumera las facultades del Congreso».
Por otro lado, la posición del gobernador Axel Kicillof se mantiene en un terreno de cautela. Si bien al cumplirse el aniversario del fallo publicó un mensaje definiendo a Cristina Kirchner como «inocente e injustamente detenida», el gobernador ha evitado pronunciarse públicamente sobre este proyecto en particular. Desde su entorno cercano señalaron que, aunque el Congreso teóricamente tiene la atribución de dictar una conmutación de pena sobre un hecho genérico, dudan de la viabilidad política de la iniciativa: «No le vemos plafón político». En tanto, un miembro del Gabinete bonaerense aclaró que Kicillof no participa de la estrategia del proyecto, aunque coincidió en que se deben explorar todas las alternativas que defiendan la inocencia de la ex mandataria.
Por su parte, el Frente Renovador, sector vinculado a Sergio Massa, tomó distancia del debate. Voceros del espacio indicaron que no conocen los detalles técnicos ni el principio jurídico sobre el cual se sustenta la propuesta parlamentaria.
El debate por la inhabilitación para ejercer cargos públicos
Los legisladores que responden a la conducción de Cristina Kirchner se manifestaron a favor de dar batalla legislativa. Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, elogió la postura de Pichetto: «Tiró de una punta que vale la pena explorar. Es interesante la propuesta, con honestidad intelectual… Ojalá podamos profundizar en esa línea de acción».
La estrategia del bloque no se limitará únicamente a la nulidad o conmutación, sino que también apuntará contra la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Al respecto, el diputado Eduardo Valdés trazó un paralelismo histórico: «A Yrigoyen lo condenaron a dos años de prisión… pero lo más fuerte fueron los 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tenía 81 años, era para siempre. Para Cristina es a perpetuidad. Sobre eso y la nulidad de la condena vamos a trabajar».
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
