Con la mira puesta en destrabar el capítulo laboral judicializado en el DNU, la mesa política de Casa Rosada recibió al diputado del PRO para unificar criterios. El oficialismo busca acelerar el debate parlamentario de una «modernización» que cuente con el respaldo de los sectores dialoguistas.
En una semana clave para la agenda legislativa, el Gobierno nacional ha decidido dar un giro en su táctica para avanzar con la reforma laboral. Tras los reveses judiciales que frenaron los artículos correspondientes en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la administración de Javier Milei ha optado por la vía del consenso parlamentario, adoptando como propio —en términos políticos— el proyecto de «Modernización Laboral» presentado por el diputado nacional Diego Santilli (PRO).
La Mesa Política entra en acción
Este lunes, la cúpula del Ejecutivo convocó a una reunión de urgencia para reorganizar la estrategia en el Congreso. El objetivo es claro: evitar nuevos bloqueos y asegurar que la reforma tenga el volumen político necesario para ser aprobada en ambas cámaras.
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno ve con «muy buenos ojos» las iniciativas que surgen de los bloques aliados. «La modernización laboral es una urgencia para los argentinos que quieren crear empleo», señaló el portavoz, vinculando la necesidad de estas leyes con la visión de apertura económica que el presidente Milei defendió recientemente en su paso por el Foro de Davos.
El «Plan Santilli»: El puente con la oposición dialoguista
El proyecto presentado por Diego Santilli se ha convertido en la pieza central del tablero. Según fuentes parlamentarias, la iniciativa del diputado del PRO busca «simplificar la vida a las PyMEs» y reducir la industria del juicio, puntos que coinciden con el núcleo del programa económico de La Libertad Avanza.
Los ejes principales del proyecto de Santilli que el Gobierno busca impulsar incluyen:
- Reducción de multas por falta de registro: Un incentivo para la formalización del empleo eliminando sanciones que, según el autor, «quiebran empresas».
- Extensión del período de prueba: Se propone ampliarlo de 3 a 6 meses (con posibilidad de extenderlo a 8 meses en empresas más pequeñas).
- Fondo de Cese Laboral: Un sistema optativo inspirado en el modelo de la UOCRA para reemplazar las indemnizaciones tradicionales.
Un escenario de negociaciones intensas
La decisión de activar la «mesa política» responde a la necesidad de blindar la ley frente a las presiones sindicales y las críticas de los bloques de Unión por la Patria y la Izquierda. Desde el oficialismo saben que el apoyo del PRO es el piso, pero necesitan seducir a sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.
«No es solo una reforma legal, es una señal de seguridad jurídica para quienes quieren invertir», explican desde el entorno de la Casa Rosada. La estrategia parlamentaria ahora se centrará en el trabajo en comisiones, donde se espera que Santilli lidere la defensa técnica del proyecto, con el respaldo político del Ejecutivo.
El contexto internacional
El impulso a esta reforma también se vincula con la agenda externa del Presidente. En sus recientes intervenciones, Milei ha subrayado que Argentina debe adecuar su legislación laboral a los estándares globales para atraer capitales. La mención a la situación de Venezuela y la defensa de las libertades económicas en foros internacionales sirven de telón de fondo para justificar lo que el oficialismo denomina una «necesidad impostergable».
Con el apoyo explícito del bloque que lidera Cristian Ritondo y la coordinación directa con el Ejecutivo, el proyecto de modernización laboral se perfila como el primer gran desafío legislativo de este trimestre, poniendo a prueba la capacidad de resiliencia y negociación del oficialismo en el Palacio Legislativo.
