Buenos Aires – En una sesión cargada de tensión y maniobras políticas de último minuto, la Cámara de Diputados aprobó con cambios la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, lo que parecía una inminente victoria de la oposición se transformó en un respiro para el oficialismo: una jugada política coordinada, con el líder misionero Carlos Rovira como actor clave, derivó en la abstención de un grupo de legisladores que impidió alcanzar la mayoría necesaria en un artículo central. La ley ahora deberá volver al Senado, dilatando su sanción definitiva.
La jornada en la Cámara Baja tuvo un giro inesperado durante la votación en particular. Si bien el proyecto fue aprobado en general por 140 votos, el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para el tratamiento de los decretos y eliminaba la «sanción ficta», no alcanzó la mayoría absoluta de 129 votos requerida, cosechando solo 127 voluntades.
La clave de este resultado fue la abstención de un grupo de diputados del radicalismo que responden a Rodrigo de Loredo y, de manera determinante, de los cuatro legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, el espacio político liderado por el exgobernador Carlos Rovira. Esta acción coordinada impidió que la oposición lograra su objetivo y le otorgó al Gobierno un tiempo valioso, forzando a que el debate regrese a la Cámara Alta.
La paradoja histórica: una ley impulsada por Cristina Kirchner
Este intento de reforma pone en el centro de la escena una ley con una notable paradoja histórica. La norma vigente que regula el trámite de los DNU, la Ley 26.122, fue sancionada en el año 2006. La principal impulsora de aquella legislación fue la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner.
En ese momento, el objetivo era reglamentar el artículo 99 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, para establecer el mecanismo de control parlamentario sobre los DNU. La ley de 2006, criticada por la oposición de la época por considerarla laxa, estableció que para que un DNU sea derogado se necesita el rechazo de ambas Cámaras del Congreso. Precisamente, uno de los puntos centrales de la reforma actual busca modificar esa condición, estableciendo que el rechazo de una sola Cámara sea suficiente para invalidar un decreto.
Los puntos clave de la reforma que vuelve al Senado
A pesar del traspié en el artículo sobre los plazos, la media sanción de Diputados incluye modificaciones sustanciales a la ley original impulsada por el kirchnerismo:
- Tratamiento individual: Se prohíben los «decretos ómnibus» al exigir que cada DNU trate sobre una única materia.
- Rechazo con una sola Cámara: El rechazo de Diputados o del Senado será suficiente para derogar un decreto.
- Habilitación durante el receso: Se faculta a las Cámaras a tratar los DNU incluso fuera del período de sesiones ordinarias.
El proyecto ahora regresa al Senado, donde la oposición cuenta con mayoría. Sin embargo, la «jugada» de Rovira y los radicales disidentes en Diputados demostró que los acuerdos son frágiles y que el oficialismo tiene margen para negociar y, al menos, dilatar la sanción de una ley que considera una herramienta para «desestabilizar» al Gobierno. El debate sobre los límites al poder presidencial, paradójicamente enmarcado en una ley creada por el kirchnerismo, suma así un nuevo e incierto capítulo.
