El Gobierno nacional ultima los detalles para enviar esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta contempla un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que busquen petróleo o realicen tareas de pesca en aguas de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino, así como contra los barcos que naveguen de forma ilegal dentro de las 200 millas del territorio nacional.
La iniciativa está siendo coordinada por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. El objetivo es que el proyecto ingrese formalmente durante la semana del 14 de septiembre y que el debate parlamentario comience en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
Mecanismo de salida y el endurecimiento de la normativa actual
Uno de los ejes de la iniciativa legislativa es establecer un «mecanismo de salida» para aquellas empresas que opten por retirarse de los negocios petroleros y pesqueros autorizados por las autoridades de las Islas Malvinas, los cuales son considerados por el Gobierno argentino como contrarios a los intereses estratégicos nacionales y afines a Gran Bretaña.
De acuerdo con la propuesta, a las compañías que abandonen dichas actividades se les garantizará el levantamiento de las sanciones correspondientes. El propósito central es otorgar mayores herramientas de control y penalización a la Ley 26.659, sancionada en 2011, que ya regula y restringe las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin el debido permiso estatal.
Según el asesor de la Cámara de Diputados y director de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, Marcelo Seghini, el proyecto «equiparará y sancionará la explotación pesquera no autorizada con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del ámbito de la Ley 26.659». De este modo, alcanzará a toda actividad pesquera que se efectúe sin concesión, permiso o autorización de la autoridad argentina en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Respecto al régimen penal, Seghini detalló que se prevén medidas como la «inhabilitación para operar en el país, decomiso de buques o de las capturas obtenidas ilegalmente y sanciones económicas severas». Además, el alcance será corporativo, extendiéndose a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores que brinden apoyo logístico u operativo, junto con la prohibición de actuar como proveedores del Estado.
Impacto económico y diplomático
El anuncio previo realizado por el presidente Javier Milei ya generó repercusiones en el sector privado. Tres firmas multinacionales que operan en Vaca Muerta comunicaron que no formarán parte de la extracción de hidrocarburos en el área de Sea Lion. Asimismo, se registró una baja en el valor de las acciones de las firmas Navitas (Israel) y Rockhopper (Gran Bretaña).
Por otra parte, se estima que la iniciativa podría abrir un frente de tensión diplomática con España. Diversas compañías de ese país operan bajo licencias de pesca emitidas por las autoridades de las Islas Malvinas sin contar con el aval de Argentina, en un mercado que representa aproximadamente 2 mil millones de dólares al año.
Juicio en ausencia y control del Atlántico Sur
El articulado de la ley incorpora la posibilidad de aplicar el mecanismo de juicio en ausencia para imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional. El procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, se encuentra abocado al análisis de esta herramienta jurídica, cuya constitucionalidad comenzó a ser evaluada esta semana por la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa por el atentado contra la AMIA.
En el plano de la vigilancia del Atlántico Sur, la Cancillería evalúa calificar como «hostiles» a aquellos buques que naveguen dentro de las 200 millas argentinas y que previamente hayan colaborado con empresas petroleras o pesqueras que operan sin autorización en las islas. Este punto busca reforzar las tareas de patrullaje de la Armada y la Prefectura Naval, ante la preocupación oficial por las intenciones de una firma de navegación chilena de proveer apoyo logístico a los operadores del proyecto Sea Lion.
Inversión tecnológica, defensa y el nuevo Consejo de Seguridad
Para respaldar la vigilancia del Atlántico Sur, el Gobierno reasignó mediante decretos de necesidad y urgencia unos $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para incrementar las capacidades satelitales y de telecomunicaciones, facilitando datos en tiempo real para las fuerzas de seguridad y defensa.
Asimismo, el ministro de Defensa, teniente general Luis Presti, coordinó la redacción de los capítulos referidos a la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo estará integrado por el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE, con el propósito de custodiar los derechos soberanos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de resguardar infraestructura crítica como las centrales nucleares.
La estrategia se complementa con la reactivación de infraestructura en Ushuaia. El canciller Quirno y el ministro Presti recorrieron el predio destinado a la futura base naval integrada, obra que estima una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares, de los cuales ya se reasignaron 142 millones de dólares a través de DNU. El proyecto incluye una pista para aeronaves Hércules C-130 y aviones Orion de vigilancia, y el Presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para incluir el financiamiento de la Base Conjunta Antártica Petrel en el Presupuesto nacional.
Acciones en el ámbito judicial
En paralelo a la vía parlamentaria, el canciller Quirno formalizó una denuncia penal ante el juez Julián Ercolini contra directivos y representantes de las firmas Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration y otras asociadas al desarrollo petrolero en Sea Lion. Asimismo, la Cancillería inició sumarios sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas.
Por su parte, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a un planteo promovido por excombatientes de Malvinas para evaluar la suspensión de las actividades de exploración petrolera en la zona en disputa.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
