Denuncia de la Coalición Cívica por presuntas irregularidades en el RIGI
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció públicamente que una compañía petrolera británica, que arrastra una sanción vigente por operar de manera ilegal en las islas Malvinas, logró acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El legislador detalló que se trata de la firma Harbour Energy (anteriormente conocida como Premier Oil PLC, la cual mantiene la misma personería jurídica inscripta en el Reino Unido desde 2002). Según la denuncia de Ferraro, esta empresa participa con un 15% en Southern Energy, un consorcio al que el Gobierno nacional le aprobó los beneficios del RIGI a través de la Resolución 559/2025 para el desarrollo y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
Inhabilitación firme por la Ley 26.659
La inhabilitación de la compañía fue establecida originalmente en 2013 mediante la Resolución 481, bajo los lineamientos de la Ley 26.659, luego de comprobarse que realizaba tareas de exploración y explotación de hidrocarburos sin la debida autorización en la plataforma continental argentina, en las inmediaciones de las islas Malvinas.
El diputado Ferraro remarcó que el cambio de nombre comercial que realizó la empresa en el año 2021, al pasar de Premier Oil a Harbour Energy, no extingue las sanciones aplicadas por el Estado argentino, las cuales se extienden hasta el año 2028.
«El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro», manifestó el legislador opositor.
Pedido de explicaciones al ministro de Economía y al canciller
Ante esta situación, el diputado exigió explicaciones públicas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno para esclarecer de qué manera se autorizó el proyecto gasífero en Río Negro sin advertir la inhabilitación legal que pesa sobre uno de sus integrantes. Ferraro subrayó que ningún acto administrativo gubernamental puede ignorar una prohibición vigente.
El legislador fundamentó su reclamo citando la normativa de la Ley 26.659: «La ley no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas. El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI», concluyó.
Asimismo, Ferraro enmarcó el pedido de explicaciones tras la reciente conferencia de prensa del presidente Javier Milei, luego de la cual el Ejecutivo nacional anunció una nueva ofensiva contra corporaciones vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas y ratificó la intención de sancionar a 45 empresas y personas vinculadas.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
