La Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, desestimó la solicitud formulada por las centrales obreras para que la próxima convocatoria al Consejo del Salario se desarrolle de manera presencial. El encuentro, programado para el viernes y clave para acordar el salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a lo establecido por ley, continuará realizándose de forma virtual, una modalidad que se mantiene desde la pandemia de coronavirus.
Los motivos detrás de la virtualidad
La determinación de mantener la virtualidad responde al interés de evitar manifestaciones de militantes gremiales frente a la sede de la cartera laboral, según confiaron fuentes oficiales y sindicales. Asimismo, las autoridades tomaron en cuenta que los últimos encuentros del cuerpo estuvieron marcados por fuertes cruces y la imposibilidad de alcanzar acuerdos, lo que obligó históricamente a definir las actualizaciones mediante laudo presidencial.
A pesar de que la decisión de sostener el formato virtual no fue comunicada oficialmente de forma previa a los representantes gremiales y del sector empresarial, la novedad ya les fue transmitida de manera informal. Ante este escenario, desde la CGT pusieron en duda su participación en la convocatoria.
Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo defendieron la decisión señalando que hoy se prioriza la virtualidad «por su mayor transparencia institucional en los actos administrativos formales».
Tensiones en el ámbito laboral y empresarial
El secretario Cordero, cuyo cargo depende del Ministerio de Capital Humano, mantiene un vínculo complejo con los sectores gremiales tras la discusión de la letra chica de la reforma laboral aprobada en el Congreso el pasado 28 de febrero. A este distanciamiento se suman las tensiones con los representantes empresarios, en línea con los cruces retóricos que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen periódicamente con hombres de negocios, en particular del sector industrial. Cordero, quien se desempeñó como histórico abogado del Grupo Techint y asesoró a La Libertad Avanza antes de asumir su cargo, hace equilibrio en medio de este escenario de disputas.
Pérdida del poder adquisitivo y reclamos salariales
Actualmente, el salario mínimo se ubica en $376.600, cifra establecida por decreto en noviembre de 2025. Este valor representa una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% durante la administración de Milei. Frente a esto, las organizaciones sindicales demandan que el piso salarial avance hacia el costo de la Canasta Básica Total (CBT), la cual, de acuerdo a datos del INDEC para julio de 2026, alcanzó los $1,564.716 para una familia tipo de cuatro integrantes.
La definición de este nuevo piso salarial tiene un impacto directo, ya que actúa como referencia para establecer el salario inicial docente, además de servir como indicador de ingresos para el sector informal de la economía y para actividades no sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.
En la solicitud formal enviada al Ejecutivo, titulada «Por una discusión real del salario mínimo, vital y móvil en Argentina», las centrales sindicales señalaron que la fijación de los ingresos mínimos y las prestaciones por desempleo «requiere un ámbito que garantice el intercambio directo, la negociación efectiva y la participación plena de los sectores que integran este espacio». La CGT advirtió también sobre las limitaciones de los encuentros virtuales para lograr discusiones genuinas y adelantó que, de no modificarse el esquema, pedirán a la brevedad una nueva convocatoria de carácter presencial.
Negociaciones en la administración pública
En la antesala de este debate, el Gobierno nacional convocó para este martes a los sindicatos estatales ATE y UPCN para discutir la paritaria de la administración pública nacional. Este llamado se concreta después de que el presidente Milei se jactara públicamente de haber reducido la planta de empleados del sector público y de haber bajado el poder adquisitivo de los estatales, argumentando que la caída salarial solo habría afectado a este sector. De acuerdo con los gremios estatales, la pérdida salarial supera el 40% acumulado desde 2023.
Ante la convocatoria, Rodolfo Aguiar, jefe de ATE, adelantó que el gremio exigirá una suma fija de $400.000 para recomponer el poder adquisitivo perdido, junto con aumentos en línea con la inflación. «Si el Gobierno insiste con ponerle tope a las negociaciones, será imposible lograr un entendimiento. Para empezar a recuperar parte de los salarios perdidos, se necesita iniciar un proceso sostenido de incrementos porcentuales que se ubiquen por encima de la inflación», advirtió Aguiar.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
