A menos de dos meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), programadas para el 9 de septiembre, la disputa por la conducción de la entidad agraria sumó un nuevo capítulo de tensión. El vicepresidente de la organización y candidato a presidente por la lista Renovación con Unidad, Marcos Pereda, lanzó fuertes cuestionamientos hacia el actual titular de la entidad, Nicolás Pino, quien aspira a renovar su mandato al frente de la lista Presencia Federal.
Las diferencias entre ambos dirigentes, que inicialmente surgieron en torno a la interpretación del estatuto reformado en 2023, escalaron hasta incluir denuncias públicas sobre el manejo institucional, presuntos sobrecostos en la implementación del nuevo sistema informático de registros genealógicos y acusaciones de favoritismo interno.
El debate por los límites al mandato de la conducción
Uno de los ejes centrales del conflicto radica en la reforma estatutaria implementada durante la gestión actual, que fijó un límite de tres mandatos consecutivos para los cargos de presidente y vicepresidente. No obstante, las listas opositora y oficialista difieren sustancialmente en la interpretación de esta norma.
Pino argumenta que la modificación comenzó a regir a partir de su período en curso, por lo que se considera legalmente habilitado para volver a presentarse sin impedimentos jurídicos. En contraposición, el sector liderado por Pereda sostiene que los tres mandatos permitidos ya se cumplieron y que una nueva postulación configuraría un «cuarto mandato consecutivo», contradiciendo el espíritu de la reforma.
Pereda cuestionó duramente esta postura y remarcó la importancia de la alternancia para la salud institucional. Al respecto, relató que la reforma del estatuto, aprobada originalmente en 2022 con el fin de incorporar el voto electrónico, contenía una cláusula transitoria que postergaba la vigencia del límite de mandatos hasta su aprobación por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según el vicepresidente, él no participó de esa redacción específica y confió de buena fe en los redactores, lo cual hoy califica como un «error».
Denuncias por sobrecostos en el sistema de registros genealógicos
La campaña electoral también está atravesada por controversias respecto a la digitalización de los registros genealógicos de la SRA. Pereda señaló que el presupuesto original, firmado en junio de 2021 por un monto de 900.000 dólares, terminó demandando una cifra muy superior.
Mientras la conducción actual reconoce que el desarrollo del proyecto requirió una inversión total de 3 millones de dólares, la oposición y un grupo de cabañeros denuncian que los sobrecostos, las demoras y las auditorías elevaron el perjuicio económico a un estimado de 4,5 millones de dólares.
Pereda deslindó su responsabilidad sobre esta situación afirmando que tanto él como el asesor Gustavo Papini fueron desplazados del seguimiento del proyecto por decisión de la conducción. En ese sentido, apuntó de manera directa contra el presidente Nicolás Pino, el tesorero Ángel Rossi y el responsable de los registros genealógicos Raúl Etchebehere por la firma de los contratos y la aprobación de los pagos. Asimismo, el vicepresidente reclamó el acceso a una auditoría interna realizada por la propia entidad, la cual, según denunció, le ha sido sistemáticamente negada pese al envío de cartas documento.
Acusaciones de favoritismo y críticas al cronograma electoral
Otro de los puntos de conflicto señalados por el candidato opositor es la condonación de una deuda equivalente al 61% de una multa aplicada al tesorero Ángel Rossi por la inscripción de animales fuera de término. De acuerdo con Pereda, la maniobra contó con el aval de Pino y Etchebehere, y la mesa directiva bloqueó los pedidos de auditoría interna para esclarecer la situación, un proceder que calificó de «club de amigos».
Finalmente, Pereda expresó su disconformidad con los cambios en el cronograma electoral. Criticó que se haya adelantado la asamblea del tradicional plazo posterior al 20 de septiembre al 9 de septiembre, extendiendo paralelamente el período de votación a cincuenta días. Según su análisis, esta modificación provocó que el inicio de la votación coincida plenamente con el desarrollo de la Exposición Rural de Palermo, período en el cual el oficialismo concentra la visibilidad y las funciones protocolares, mientras que a su figura se la excluye de las actividades oficiales y entregas de premios.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
