El Gobierno nacional busca reencauzar su agenda parlamentaria con una sesión en el Senado convocada para el jueves 16 de julio. La jornada legislativa incluirá el tratamiento de unos 30 pliegos judiciales y el debate del proyecto de ley denominado por el oficialismo como de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’. Esta propuesta introduce modificaciones de fondo que desregulan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, permiten la actividad en territorios afectados por incendios forestales, amplían las posibilidades legales de desalojos y limitan los criterios para habilitar expropiaciones.
El origen del proyecto y los cambios de cara al dictamen
El proyecto original fue impulsado por Federico Sturzenegger con la venia presidencial. Sin embargo, para alcanzar su dictamen el pasado 20 de mayo, debió sufrir modificaciones por requerimiento de los bloques aliados. Entre los cambios consensuados se destacaron la preservación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo la administración federal, la cesión a las provincias de la gestión para la venta de tierras y la eliminación del protocolo de desalojo exprés propuesto inicialmente por el oficialismo.
A pesar de que la ley llegó al recinto el 4 de junio, no pudo ser votada debido a postergaciones y diversas circunstancias parlamentarias. A lo largo de ese mes, los bloques que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza demandaron nuevas reformas sobre el dictamen, mientras que la resolución de la causa judicial de Manuel Adorni continuó dilatando el avance del debate en el Congreso. Finalmente, se volvieron a implementar cambios en tres artículos, cuyo texto oficial se dará a conocer de manera directa en el recinto durante la sesión.
Las nuevas reformas en el texto del dictamen
Las últimas modificaciones introducidas en el dictamen alcanzan aspectos sensibles de la regulación de tierras. Entre ellas, se destaca la redefinición del interés que corresponde al pago de indemnizaciones por expropiaciones y la ratificación de la disponibilidad irrestricta para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
En el caso particular de la venta de terrenos a empresas foráneas, el nuevo texto establece la vigencia del ‘silencio administrativo’ por un plazo de 180 días, lo que significa que de no negarse formalmente la venta en ese período, la transacción se dará por aceptada de hecho. Asimismo, para habilitar operaciones de este tipo en zonas de seguridad fronterizas, se requerirá de manera obligatoria una autorización tanto a nivel nacional como provincial.
La iniciativa también contempla la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. Este nuevo órgano tendrá bajo su órbita la administración de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, destinada a centralizar el pago de tasas y la recepción de informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble de la República Argentina.
Posiciones encontradas en el Senado
El peronismo se consolida como el sector de oposición más nítido frente al proyecto de ley. Aunque su representación se encuentra distribuida en más de un bloque, la bancada ha manifestado un rechazo unísono expresado mediante dictámenes alternativos. Además, impulsaron la organización de encuentros en el propio recinto para recibir y escuchar a diversos sectores de la sociedad civil afectados por la medida, incluyendo a científicos, militares y autoridades de la Iglesia Católica.
Por el contrario, el oficialismo logró recuperar el respaldo de los bloques aliados para la próxima sesión. La activa intervención del PRO y la UCR en la redacción de las últimas reformas anticipa un escenario con una votación a priori favorable para el Gobierno.
Foto: Ámbito. Fuente original: Ámbito.
