El proyecto de reforma a la ley de sociedades, presentado originalmente en una publicación conjunta de Javier Milei y Federico Sturzenegger en el Financial Times, ha despertado un intenso debate internacional y local. La propuesta busca flexibilizar las reorganizaciones empresariales, digitalizar las registraciones societarias y, de manera más controversial, habilitar que los directorios de las empresas puedan estar integrados por agentes de Inteligencia Artificial (IA) en lugar de seres humanos.
El cruce entre Sturzenegger y referentes globales
Este punto de la reforma, que ya fue defendido por Sturzenegger en el Senado de la Nación, generó la reacción del especialista israelí Yuval Harari, referente global en la materia. Harari cuestionó la iniciativa en el periódico británico argumentando que no será fácil disuadir a las inteligencias artificiales de participar en actividades ilegales debido a que la sanción de prisión les resulta irrelevante. Ante esto, el ministro argentino respondió en el ámbito parlamentario asegurando que no existen motivos para pensar que la inteligencia artificial sea más insegura que un ser humano, defendiendo además la oportunidad que significa para el desarrollo del país intentar esta innovación.
Cuestionamientos y demandas de mayor debate
La propuesta para reformar la ley 19.550 de Sociedades Comerciales cuenta con 277 artículos y ha generado diversas opiniones en la comunidad tecnológica local. Alan Daitch, cofundador de Digodat y divulgador de IA, consideró que el cruce fue un «falso debate» ya que, en esencia, siempre habrá presencia humana que responda civilmente si el algoritmo falla, previendo que el verdadero cambio se dará en legislaciones posteriores que establezcan diferencias impositivas para promocionar el sistema.
Por su parte, Irina Sternik, autora del libro «Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato», advirtió sobre la falta de participación de organizaciones civiles y expertos en la discusión de normas que se presentan como revolucionarias. Sternik enfatizó la necesidad de una explicación clara para la ciudadanía sobre el impacto de estas medidas y cuestionó el beneficio de promover empresas con ausencia de trabajo humano.
Aspectos técnicos y regulatorios a definir
Respecto de la redacción del articulado, especialistas sugieren precisiones para evitar vacíos legales. El especialista en soportes técnicos Hugo Delboy detalló que el texto definitivo debería incluir parámetros técnicos claros para los agentes de IA, estándares de auditoría algorítmica, protocolos de testing y umbrales de autonomía. Asimismo, recomendó definir un esquema de supervisión activa, seguros de responsabilidad civil, mecanismos de desconexión rápida y delimitar el alcance de la intervención humana frente al agente automatizado.
Con una mirada más optimista, Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation y autor de Tecnosapiens, consideró la propuesta como audaz y sin precedentes en el mundo, lo cual podría posicionar a la Argentina en el centro de la conversación global sobre IA y atraer capitales interesados en este tipo de legislación moderna.
La cuestión de la responsabilidad civil y el impacto económico
Lucas Arias, ingeniero informático y miembro del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la UTN, coincidió en que el proyecto se orienta en la dirección correcta al reconocer jurídicamente cómo operan las decisiones en el siglo XXI. No obstante, subrayó que el éxito del marco legal dependerá de resolver quién asume la responsabilidad cuando un sistema autónomo causa un daño.
En el plano económico, Arias advirtió que el impacto inicial de la reforma se sentirá más en la recaudación fiscal que en la generación de empleo calificado o transferencia tecnológica. Esto se debe a que las estructuras que operan en jurisdicciones offshore podrían relocalizarse en Argentina buscando un marco regulatorio conveniente. Para evitar inconvenientes, el ingeniero propuso complementar la legislación obligando a designar una figura de responsable humano con obligaciones explícitas de supervisión ante el Estado y terceros.
Foto: Ámbito. Fuente original: Ámbito.
