El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de fomentar la exteriorización de dólares no declarados a través de la flexibilización de controles y la ampliación del universo de contribuyentes aptos para adherirse.
Fin de los topes de ingresos y patrimonio
Una de las modificaciones más destacadas de la iniciativa es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que se exigían previamente para acceder al régimen simplificado. Bajo la normativa previa, quedaban excluidos quienes registraran ingresos anuales superiores a los $1.000 millones o contaran con un patrimonio por encima de los $10.000 millones. Con el nuevo proyecto, estas restricciones se suprimen, estableciendo la residencia fiscal —que deberá sostenerse durante todo el período declarado— como el criterio principal de acceso.
Plazo límite hasta diciembre de 2027
A diferencia del esquema anterior, el régimen no tendrá carácter permanente. El borrador contempla un plazo de vigencia que concluirá el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos sin afrontar consecuencias retroactivas. Esta ventana temporal busca adecuar la medida a las normativas internacionales de control de lavado de dinero y dinamizar las adhesiones en el corto plazo.
Tratamiento impositivo y sistema financiero
En el plano tributario, la iniciativa determina que los fondos exteriorizados se considerarán incorporados al patrimonio al momento de ser utilizados. Esta regla busca impedir la aplicación retroactiva del impuesto sobre los Bienes Personales y otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Asimismo, se ratifica la obligación de canalizar los movimientos a través del sistema financiero formal, requiriéndose únicamente que el dinero transite por el sistema en su origen o en su destino.
Reducción de la presión fiscal y rol de ARCA
El proyecto quita presunciones que generaban observaciones del fisco, tales como depósitos bancarios mayores a los declarados o incrementos patrimoniales no justificados. De este modo, la carga de la prueba pasará a corresponder a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tendrá que demostrar de forma objetiva cualquier discrepancia.
Respecto a la definición de «discrepancia significativa», el borrador prevé que solo se consideren como tales las diferencias que superen en simultáneo ciertos parámetros, como el 15% del impuesto y una proporción del límite penal tributario. Se permitirá, además, que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones dentro de determinados plazos.
Incentivos, riesgos y objetivos del Ministerio de Economía
Por otra parte, la iniciativa mantiene ciertas zonas de riesgo señaladas por especialistas, dado que errores mínimos en la imputación de retenciones, percepciones o anticipos podrían anular la totalidad de los beneficios del régimen.
Entre los incentivos adicionales, se incorpora la condonación de multas para quienes hayan saldado deudas con anterioridad a la adhesión, junto con la alternativa de recuperar fondos abonados con intereses en caso de resultar favorecidos en un litigio contra el fisco.
La propuesta fue estructurada tras encuentros mantenidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, con profesionales y contadores del sector, ante la baja adhesión observada en el esquema vigente. Con este proyecto, el Poder Ejecutivo pretende encauzar hacia la economía formal una porción de los dólares no declarados por residentes, estimado en aproximadamente USD 170.000 millones según cálculos internacionales.
Foto: Parlamentario. Fuente original: Parlamentario.
