La Legislatura unicameral de Córdoba atraviesa un escenario de fuerte incomodidad política para el oficialismo provincial, motivado por una serie de hechos irregulares y causas judiciales que afectan la imagen institucional de la gestión. Frente a este panorama, el gobernador Martín Llaryora solicitó públicamente que la Justicia avance «a fondo» en las investigaciones correspondientes.
El caso de la contratación irregular y la revisión de contratos
El primer conflicto relevante ocurrió en enero de 2025 con el caso denominado como «empleada fantasma». El exconcejal de la ciudad de Córdoba, Guillermo Kraisman —quien previamente enfrentaba una causa judicial por intentar sustraer productos de un supermercado siendo funcionario municipal—, fue detenido al intentar percibir los haberes de una mujer contratada por la Unicameral que declaró nunca haber prestado servicios en dicha institución.
La designación de la mujer estuvo relacionada, de acuerdo con testimonios, con la legisladora oficialista Nadia Fernández. No obstante, Fernández se desvinculó de dicho nombramiento en su declaración judicial y, meses más tarde, asumió como secretaria general de Gestión Penitenciaria.
Este episodio motivó que la Unicameral hiciera pública una nómina de 1055 personas contratadas, demandando un gasto mensual aproximado de 1000 millones de pesos destinados principalmente a «asistentes» de legisladores, sin precisiones sobre sus tareas específicas. Entre los contratados figuraban familiares de dirigentes, referentes políticos de distintos partidos y 86 exintendentes. Al respecto, la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguró que «no hay contratados fantasmas» y remarcó que Fernández había solicitado la baja de la mujer porque no asistía a trabajar, señalando además que no se registraron otros casos similares.
Asesores bajo la lupa judicial y nuevas exigencias administrativas
Posteriormente, las alarmas volvieron a encenderse tras la detención de José Aníbal Ricardo Villarreal en la localidad de Villa de María del Río Seco, acusado en el marco de una investigación con 12 detenidos imputados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores. Villarreal se desempeñaba como asesor del legislador oficialista Ramón «Cañito» Flores.
Tras conocerse la acusación por abuso sexual con acceso carnal, Flores solicitó la desafectación de Villarreal, señalando que era conocido suyo y que había presentado un certificado de antecedentes sin observaciones al incorporarse. Sin embargo, la fiscal que investiga el caso confirmó que Villarreal poseía antecedentes penales desde 2021 por presunto abuso sexual y reducción a la servidumbre. Ante la presión política, Flores pidió licencia legislativa para evitar interferencias en el proceso judicial. Asimismo, otro miembro de su equipo, Ariel Alejandro Rodríguez —quien se había desempeñado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec)—, fue desafectado por su presunta vinculación con un caso de peculado.
Como consecuencia directa de estos acontecimientos, la Secretaría Administrativa de la Unicameral resolvió exigir de manera obligatoria certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia para todas las contrataciones y renovaciones de asesores y funcionarios.
Impacto político por antecedentes y causas pendientes
A estos hechos se suma la repercusión del femicidio de la adolescente Agostina Vega. El intendente Daniel Passerini solicitó la renuncia al concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber facilitado el ingreso a la Municipalidad del presunto femicida Claudio Barrelier. Barrelier registraba un antecedente penal por privación ilegítima de la libertad en 2025, causa por la que el fiscal Iván Rodríguez lo había dejado en libertad. En este marco, el gobernador Llaryora decidió aplazar la asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año anterior con el propósito de promover a funcionarios judiciales afines al oficialismo.
Por último, en Villa Dolores continúa el proceso judicial contra Oscar González, exlegislador y exvicegobernador, imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La acusación deviene de un choque ocurrido en octubre de 2022 en la zona de Altas Cumbres, en el cual falleció Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes. González fue suspendido como legislador tras haber solicitado inicialmente licencia en la presidencia provisoria del cuerpo.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
