En una sesión que se extendió por más de diez horas, el oficialismo, con el acompañamiento de la oposición dialoguista, logró dar media sanción en el Senado al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento. El mismo resultado se replicó en la votación en particular de los cuatro capítulos que componen el proyecto aprobado.
Cambios en el proyecto y resistencia provincial
A pesar de lograr la aprobación general, el oficialismo debió resignar el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego debido a la resistencia de bloques de fuerzas provinciales y de algunos senadores patagónicos. La oposición interna se concentró en la propuesta de levantar la prohibición de disponer de predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales que hayan sido afectados por un siniestro, aunque se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales.
Incidentes y pedido de explicaciones en el Congreso
Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, en el exterior se registraron graves incidentes tras casi seis horas de manifestación pacífica contra la norma. A partir de las 17, la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes concentrados frente al vallado del Congreso nacional. El operativo, que incluyó la intervención de Gendarmería y Prefectura con carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas, derivó en enfrentamientos con grupos reducidos de manifestantes que arrojaron escombros y destruyeron contenedores de basura.
A raíz de estos hechos, el diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, presentó una petición de urgencia para citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el fin de que brinde explicaciones sobre el operativo policial, la justificación del despliegue y lo que consideró como una «represión injustificada y el uso de camiones hidrantes».
Tensión con el sector industrial y caída de empresas
En el plano económico, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se había referido en duros términos a los sectores que defienden la industria. Rappallini sostuvo que «no son declaraciones felices que ayuden al diálogo» y argumentó que «defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía».
El debate se da en un contexto complejo para el sector fabril: según datos privados basados en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 se registraron 3759 empresas industriales menos. Se estima que este año podrían cerrar más de 3000 firmas del sector, habiéndose constatado ya la baja de 1070 compañías en el primer cuatrimestre del año.
Intervención cambiaria bajo análisis
La estabilidad económica del Gobierno también ha estado marcada por la reciente intervención en el mercado de divisas. El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, justificó la venta de US$145 millones realizada por el Tesoro Nacional a fines de julio, afirmando que el Tesoro actúa como un participante regular del mercado cambiario. Bausili descartó que esta acción represente una modificación de las reglas vigentes sobre las bandas cambiarias, las cuales facultan al BCRA a utilizar reservas solo cuando la cotización del dólar supera el techo móvil de $1851.
Dicha intervención se tradujo en una disminución de los depósitos en moneda extranjera del Gobierno, que descendieron de US$3330 millones a US$3185 millones.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
